Numerosas barreras de comunicación impiden acceso a la justicia en España para personas con discapacidad

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) ha identificado un importante desafío para más de 650.000 individuos con discapacidad en España: la limitada accesibilidad a la justicia debido a obstáculos en la comunicación.

Dentro de esta cifra, cerca de 120.000 padecen parálisis cerebral, mientras que el resto enfrenta otras discapacidades que demandan el mismo tipo de apoyo en la comunicación.

En un reciente seminario denominado "La comunicación efectiva en el ámbito de la justicia" organizado por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Confederación Aspace, presentó estas estadísticas, destacando la necesidad de transformar el sistema judicial para hacerlo más inclusivo.

La importancia de la comunicación efectiva en el contexto judicial

Durante el evento, Blanco profundizó en el proceso comunicativo y se centró en la Comunicación Aumentativa y Alternativa como un recurso vital para que las personas con necesidades de apoyo en la comunicación interactúen en diversos ámbitos sociales, incluyendo el judicial. Además, enfatizó las dificultades comunicativas que las personas con discapacidad enfrentan en este entorno.

Destacó la esencialidad de contar con un facilitador de la comunicación, un profesional en logopedia con conocimientos especializados en Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación.

Este experto debería ofrecer una intervención imparcial y adaptada, proporcionando informes detallados y ajustes personalizados para cada individuo. Estos elementos son cruciales para garantizar una comunicación efectiva y bidireccional con las instituciones de justicia y policiales.

Superando barreras: acceso a la justicia para mujeres con discapacidad

Blanco subrayó la importancia de contar con un facilitador de la comunicación para asegurar que las mujeres con discapacidad y necesidades de apoyo comunicativo tengan acceso a recursos esenciales como la información, asistencia jurídica, social y psicológica. En particular, hizo hincapié en las dificultades que enfrentan las mujeres con estas necesidades, ya que tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual debido a su situación de discapacidad y dependencia, lo que las coloca en una posición más vulnerable en la sociedad.

La delegada abogó por la presencia de profesionales capacitados para asistir a estas mujeres, afirmando que son fundamentales para permitirles denunciar situaciones de violencia. Blanco insistió en la importancia de una comunicación efectiva y de disponer de asistencia imparcial, enfatizando la relevancia de adaptar los sistemas de denuncia a las necesidades de las personas con discapacidad. Estas adaptaciones son esenciales para asegurar que las mujeres con discapacidad y necesidades de apoyo comunicativo puedan acceder a la justicia de manera igualitaria y sin barreras.

Un derecho fundamental para todas las personas

Es crucial garantizar la igualdad de acceso a la justicia por diversas razones:

1. Equidad y justicia social: El acceso igualitario es fundamental para mantener la equidad en la sociedad. La ley debe ser aplicada de manera justa y equitativa para todos los individuos, asegurando que sus derechos y responsabilidades sean respetados por igual.
2. Protección de derechos: El acceso a la justicia permite a las personas proteger sus derechos y buscar reparación en caso de violación de los mismos. Facilita la resolución de disputas y la defensa en situaciones legales, lo que contribuye a la estabilidad y seguridad de la comunidad.
3. Prevención de la discriminación: evita la discriminación y el trato injusto, brindando la posibilidad de enfrentar y corregir actos discriminatorios o perjudiciales que puedan surgir en diversos contextos, incluyendo aquellos derivados de la discapacidad.
4. Construcción de sociedades inclusivas: Al garantizar que todas las personas, independientemente de su situación, tengan acceso a la justicia, se promueve la creación de sociedades más inclusivas, solidarias y democráticas.
5. Fortalecimiento del estado de derecho: lo que refuerza la confianza en las instituciones legales y en el sistema judicial en su conjunto.