Yo sí te creo: Todas las provincias pasarán a tener un centro de crisis para las víctimas de violencia sexual

El Ministerio de Igualdad destina 19,8 millones de euros para iniciar la puesta en marcha de “al menos” un centro de crisis de violencia sexual en cada provincia, más otros dos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los centros de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, conocidos como centros de crisis 24 horas, funcionarán mañana, tarde y noche todos los días del año con atención psicológica, jurídica y social para víctimas y familiares.

“En ningún caso es necesaria la interposición de una denuncia para facilitar la atención e intervención”, señala Igualdad en la documentación sobre este proyecto.

El 'yo sí te creo' ha calado en las instituciones

Lo bueno de un centro de crisis es que la víctima siempre se sentirá creída y nunca estará sola. Creída y acompañada son dos compromisos con las víctimas de agresión sexual que pueden poner fin a la habitual capa de silencio y culpa que suele, o solía antes del estallido del 'Me too' y la sentencia de La Manada, cubrir los casos en los que una mujer es atacada sexualmente.

Estos centros de crisis para víctimas de agresiones sexuales, vienen ya marcados dentro del Convenio de Estambul. En el mundo anglosajón hay una gran tradición en este tipo de centros, por lo que las instituciones se han documentado sobre cómo lo hacen en Estados Unidos y en el Reino Unido, ya que allí están logrando buenos resultados.

El 'yo sí te creo' apoya a mujeres y familiares y combate y visibiliza una lacra aún muy oculta.  Cinco palabras escritas en morado que dan idea de la filosofía de estos centros 24 horas.

La nueva Ley de libertad sexual hará obligatorio un recurso del que hasta el momento solo existen dos ejemplos nacionales: en Madrid y en Oviedo. La conocida como ley del 'solo sí es sí' materializará de esta manera un requerimiento del Convenio de Estambul, ratificado por el Gobierno español en 2014. Ese tratado del Consejo de Europa apunta a un centro de estas características por cada 200.000 habitantes y el Ministerio de Igualdad quiere que esa sea la ratio mínima. 

Según un informe de Amnistía Internacional de noviembre, siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia), ofrecen asistencia para víctimas de violencia de género y sexual. Castilla-La Mancha y el País Vasco incluyen programas de atención psicológica para víctimas de agresión sexual y Cataluña tiene una unidad específica para estos casos. Desde hace casi 30 años existen organizaciones no gubernamentales que también atienden a mujeres que han sufrido estos ataques. Entre ellas, las nueve integradas en Famuvi, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género.

La pandemia ha tenido un impacto muy importante en los indicadores de violencia de género

Las denuncias cayeron un 10,31 % en 2020 y las órdenes de protección descendieron un 11,94 %, si bien las sentencias condenatorias volvieron a marcar un nuevo máximo al representar el 73 % del total, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es.

Igualdad espera que estos centros abran, como muy tarde, en 2023

Cada autonomía recibirá una primera cantidad de 300.000 euros por provincia. El resto de dinero hasta 19,8 millones, cubiertos con fondos europeos e incluidos en el Plan España te protege contra las violencias machistas, se repartirán en función de la cantidad de mujeres mayores de 16 años, la dispersión de la población o la insularidad.

Como señalábamos antes, la creación de este tipo de centros está recogida en el llamado convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en 2011 y ratificado por España hace siete años, en 2014. Es este convenio el que amplía la consideración de víctimas de violencia machista más allá de la que sufren las mujeres que son maltratadas por sus parejas o exparejas.

Estos centros de crisis estarán dirigidos a víctimas de agresiones sexuales, mujeres sometidas a matrimonios forzosos y mutilaciones genitales, quienes hayan sufrido acoso sexual, exhibicionismo o provocación sexual, prostitución “ajena”, según recoge la documentación de Igualdad, así como proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género o feminicidio sexual.

Entre los trabajadores que las atenderán, se prevén perfiles especializados: psicólogas y psiquiatras, abogadas, profesionales de ciencias sociales con capacidades y formación especializada en intervención o contención en crisis o emergencia (trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas o de otras disciplinas) y mediadoras culturales o traductoras. La intención de Igualdad, que recoge todos los perfiles en femenino, es que las contratadas sean mayoritariamente mujeres, como ya ocurre en servicios como el teléfono de atención a víctimas de violencia machista.

Fuentes de Igualdad señalan además que es “muy habitual” que las víctimas pidan ser tratadas por otras mujeres y que en el ministerio incluyen siempre en los pliegos como recomendación que se las contrate a ellas.