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Datos preocupantes en cuanto a materia social y económica. La Comunidad de Madrid encabeza por primera vez el «ranking» de desigualdad que se produce entre el 20% de la población más rica y el 20% de la más pobre de España. Así, la región madrileña se sitúa en primer lugar con un índice del 7,6 frente al 6,6 de la media nacional. Estamos hablando de una brecha que se ha ahondado más a raíz de la crisis económica y no se ha subsanado durante la recuperación.
El 16% de la población se encuentra en situación de exclusión social
En este sentido, el grupo con menos ingresos redujo un 30% su renta en la última década (frente al 13% de media nacional), mientras que el más enriquecido los incrementó un 3,6% (la media es del 2%). Se trata así de algunas de las conclusiones del VIII informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social. Pero si se tiene en cuenta la brecha del conjunto de la población, la madrileña es la tercera región más desigual, solo por detrás de Andalucía y Baleares.
Pues bien, nada menos que un millón de personas se encuentra en situación de exclusión social, el equivale al 16% de la población. No obstante, se trata de una cifra que ha mejorado respecto a 2013, cuando eran 1,4 millones, una mejora que ha coincidido con la mejora en la economía. Además, de ese millón de personas 460.000, padecen exclusión social severa, lo que significa que no pueden construir un proyecto vital estable ni estructurado.
Vivienda, trabajo y salud son las causas que conducen a la exclusión
Asimismo, preocupa el hecho de que 900.000 personas están sumidas en la precariedad, que se verían abocadas a la exclusión de sufrir otra recesión.
En lo que se refiere a las causas que conducen a la exclusión, vivienda, trabajo y salud son, por este orden, las principales. Y es que por primera vez, la vivienda ocupa el primer lugar, ya que 7 de cada 10 personas del millón citado padecen dificultades, al carecer de ingresos suficientes. De hecho, el impago de la hipoteca ya no es el principal motivo de desahucio, sino el del alquiler.
Ya en materia laboral, la precariedad afecta a 6 de cada 10 y la tasa de trabajadores pobres alcanza el 12,3%. Respecto a la salud, una de cada dos personas están aquejadas de algún problema de este tipo. Los datos son preocupantes porque casi 160.000 hogares han dejado de comprar medicinas o seguir alguna dieta por falta de recursos económicos.
Las soluciones pasan por una renta mínima de inserción
Desde Cáritas apuntan a la necesidad de que las tres administraciones promuevan un parque de vivienda social, así como que se potencie el papel de las empresas para fomentar el empleo de calidad y no abusar de la temporalidad, de las medias jornadas o de los «minijob», que «se ha comprobado que no son un salto hacia la estabilidad laboral».
Asimismo, incidieron en la necesidad de revisar los procedimientos de acceso a la renta mínima de inserción para que se pueda compatibilizar con empleos de escasa duración.
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