El Defensor del Pueblo solicita a las autonomías la información acerca de los retrasos en la valoración de la discapacidad

Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha iniciado una investigación sobre los retrasos en la valoración de personas con discapacidad en las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. En los últimos cinco años, las quejas se han triplicado debido a demoras de hasta tres años en algunas regiones. Gabilondo ha solicitado datos sobre los expedientes pendientes antes y después del Real Decreto 888/2022, que fija un plazo máximo de seis meses para resolver estas solicitudes.

El Defensor del Pueblo investiga los retrasos en la valoración de las personas con discapacidad

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comenzado a investigar los retrasos en la valoración de personas con discapacidad en las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla. Esta investigación surge a raíz del incremento de quejas ciudadanas en los últimos cinco años, con demoras que pueden alcanzar hasta tres años en algunas regiones.

Gabilondo ha solicitado información detallada sobre el número de expedientes de reconocimiento o revisión pendientes de resolución antes y después de la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022. Esta normativa establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento o revisión de discapacidad.

Además, ha requerido datos sobre los recursos materiales y humanos disponibles para llevar a cabo estas valoraciones, y sobre las medidas urgentes que se han implementado o se prevén implementar para abordar estos retrasos. Esta solicitud se enmarca en una serie de actuaciones que buscan mejorar la eficiencia y rapidez en la valoración de la discapacidad, según informó el Defensor del Pueblo en un comunicado emitido este lunes.

Una respuesta a las quejas ciudadanas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una investigación exhaustiva para abordar los retrasos en la valoración de personas con discapacidad en todas las comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla.

Esta medida responde al alarmante aumento en las quejas ciudadanas, que se han triplicado en los últimos cinco años debido a demoras significativas que pueden alcanzar hasta tres años en algunas áreas.

En este contexto, la institución ha solicitado información detallada sobre varios aspectos críticos. Entre ellos se incluyen los plazos actuales para la valoración de las solicitudes y la resolución de los expedientes.

También se requiere un informe sobre las medidas de coordinación que se han establecido entre cada consejería o departamento y los servicios responsables de gestionar las pensiones no contributivas por invalidez.

Además, el Defensor del Pueblo está buscando información específica sobre los recursos materiales y humanos que se están utilizando para llevar a cabo estas valoraciones y sobre cualquier medida de emergencia que se haya implementado o se esté planeando para enfrentar los retrasos.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una investigación para abordar los retrasos en la valoración de discapacidad en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla. Esta investigación sigue a una actuación similar en Asturias a finales de 2023. Se solicita información sobre plazos de valoración, resolución de expedientes y coordinación entre los servicios que gestionan pensiones no contributivas por invalidez. También se buscan detalles sobre los recursos disponibles y las medidas urgentes para solucionar los retrasos.