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En 2023, los delitos de odio contra personas con discapacidad en España aumentaron un 113,04 %, según el informe del Ministerio del Interior y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Así, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha manifestado su gran preocupación por estos datos.
Los delitos de odio siguen creciendo en nuestro país hacia las personas con discapacidad
En 2023, los delitos de odio contra personas con discapacidad en España aumentaron un 113,04 %, según un informe del Ministerio del Interior y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.
Este incremento ha generado una profunda preocupación en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quienes destacan que estos delitos representan una amenaza significativa para la seguridad y la cohesión social. Los delitos de este tipo se caracterizan por estar motivados por prejuicios e intolerancia, y pueden desencadenar conflictos graves.
En concreto, durante 2023 se registraron 26 casos más de estas características contra personas con discapacidad en comparación con 2022, y 21 más que en 2021, lo que representa un aumento del 75 % respecto a ese año. Además, el informe señala que la mayoría de las víctimas en 2023 fueron hombres, duplicando el número de mujeres afectadas.
Delitos en Internet, lo más fomentado
El informe también resalta que la mayoría de los autores de estos delitos han sido hombres. Un aspecto alarmante es el aumento de los delitos de odio en Internet, fomentado por el anonimato que ofrece la red y el creciente uso de las redes sociales.
Aunque la mayor incidencia de estos delitos se ha observado en relación con la “orientación sexual e identidad de género”, “ideología” y “racismo/xenofobia”, los delitos de odio contra personas con discapacidad en Internet han aumentado un 100 % en comparación con 2022.
Las amenazas, injurias y la promoción o incitación pública al odio son los delitos más frecuentes. Los medios más utilizados para perpetrar estos actos son Internet (39,01 %), comunicaciones telefónicas (26,91 %), redes sociales (25,11 %) y, en menor medida, medios de comunicación social (8,97 %).
Un mensaje claro a las personas agresoras
Frente a esta problemática, el CERMI ha destacado la persistencia de la infradenuncia, especialmente en los delitos cometidos en Internet y redes sociales. Esta situación transmite un preocupante mensaje de impunidad a los agresores, quienes pueden sentir que sus acciones quedan sin consecuencias.
Además, el CERMI ha señalado la necesidad de incluir información más detallada sobre el tipo de discapacidad de las víctimas en los informes, así como de realizar nuevos cruces de datos que permitan una mejor comprensión y abordaje de este problema.
El Comité también ha instado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a intensificar la investigación de todas las denuncias presentadas, subrayando la importancia de no dejar ninguna sin seguimiento.
Asimismo, ha resaltado la necesidad de fortalecer la colaboración y cooperación entre las fuerzas de seguridad y las entidades del Tercer Sector de Acción Social en el ámbito de la discapacidad, con el CERMI como principal interlocutor.
Fortalecer estos lazos no solo contribuiría a una mejor identificación y persecución de los delitos, sino que también permitiría ofrecer un apoyo más integral a las víctimas, ayudándolas a superar las consecuencias de estos delitos y a recuperar su sensación de seguridad y dignidad.
Además, el CERMI ha llamado la atención sobre la urgencia de implementar campañas de sensibilización y educación dirigidas a la sociedad en general, para combatir los prejuicios y la intolerancia que están en la raíz de estos crímenes.
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