La crisis que ha provocado la pandemia está afectando negativamente al empleo de las personas con discapacidad

La contratación de personas con discapacidad ha caído un 30 % durante 2020, según ha anunciado este jueves la Fundación ONCE en la presentación del Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de la fundación.

Los contratos a las personas del colectivo caen un 30 % en 2020

La secretaria general de Inserta Empleo y directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, ha destacado en la presentación que el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020 ha supuesto el final de siete años de mejora continua en el empleo de personas con discapacidad.

Asimismo, para Luis Enrique Quílez, coordinador de Odismet, “la mala noticia es que la destrucción (de empleo) continúa en el primer trimestre de 2021”. En la misma línea resaltó que la contratación acogida a la fórmula especial para personas con discapacidad –que en 2020 ya cayó un 26,4 %-- volvió a retroceder en el primer trimestre de este año, con un descenso del 14,9 %.

Solo una de cada cuatro tiene trabajo

“Desde luego que esta fórmula no incluye a todos los trabajadores con discapacidad (fue del 24% en 2020) pero significa que la recuperación aún no ha llegado. Esperemos que a lo largo de 2021, con el avance de la vacunación, se empiece a notar”, ha subrayado.

El año pasado, solo una de cada cuatro personas del colectivo tenía trabajo y la tasa de pobreza o de riesgo de exclusión ascendía al 32,5 % entre el colectivo. Son más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la población general.

Está claro que la crisis que ha provocado la pandemia “ha impactado con dureza en toda la población pero estas personas han salido peor paradas que la media”.

Representa un 6,2 % del conjunto de la fuerza laboral en España

En total, la tasa de empleo del colectivo ascendía al 25,9 %, frente al 66,9 % de la media española. Son 41 puntos porcentuales de diferencia, ha apuntado Quílez. Según los últimos datos disponibles, en 2020 había un total de 1.876.900 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,2 % del conjunto de la fuerza laboral en España. 

De ellas, 1.238.400 son inactivas desde el punto de vista laboral (la incapacidad permanente es la razón de dicha inactividad en el 61,2 % de los casos). Esto implica que la tasa de actividad entre el colectivo es aún muy reducida, en concreto, 43 puntos inferior a la media nacional.

Por otro lado, Quílez indicó que la brecha salarial de género también afecta a las mujeres del colectivo en mayor medida, que perciben un salario bruto anual medio de 17.949,2 euros, frente a los 21.338,8 de los varones.

La tasa de para alcanza el 23,9 %

En relación a la tasa de paro de estas personas en 2020, ésta alcanzaba al 23,9 %, frente al 14,2 % de las personas sin discapacidad. La diferencia, por tanto, es de 10 puntos porcentuales.

Concretamente, el documento señala que hay 79.523 personas del colectivo paradas de larga duración, que representan el 53,7 % del total de desempleados. El paro de larga duración afecta en mayor medida a las mujeres, los mayores de 45 años y a aquellas personas sin formación o con estudios primarios.

En 2020 se realizaron 354.991 contratos a estas personas, lo que representa el 1,6 % del total de la contratación en dicho ejercicio. Pero también es interesante ver en qué condiciones fueron contratadas.

La precariedad y la inestabilidad del empleo

Quílez ha destacado que son 100.000 contratos menos que en 2019 y ha lamentado la precariedad y la inestabilidad del empleo en el colectivo y subrayó que de todos los contratos de 2020, solo el 9,9 % tenían carácter indefinido.

No se puede olvidar que a ello se une un índice de rotación del 2,25 y advirtió que se han registrado un total de 1.629 personas que fueron contratadas hasta 15 veces en el mismo ejercicio.

En relación a los sueldos, el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad es de 19.946,2 euros, un 17,3% menos que la población general. Desde 2010, ese salario se ha visto reducido en 607 euros, situación que no se reproduce en la población general, donde el incremento salarial es tenue pero constante.