Solo el 20,3 % de las personas con discapacidad intelectual logra independizarse

Solo el 20,3 % de las personas con discapacidad intelectual logra vivir de manera independiente, mientras que el 68,2 % permanece en el hogar familiar y el 10,4 % reside en viviendas institucionales, según un estudio elaborado por PwC y la Fundación Álex Rivera titulado ‘Construyendo hogares: el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual’.

Los desafíos para la autonomía de las personas con discapacidad intelectual

Este panorama contrasta con los deseos de este colectivo, ya que casi la mitad de los encuestados (45,5 %) expresó su interés en independizarse en una vivienda no institucional, como un piso propio, compartido o tutelado. Sin embargo, diversos factores, como la falta de recursos económicos, el apoyo familiar o la ausencia de asistencia personalizada para la vida diaria, dificultan este proceso.

Para lograr una mayor autonomía, los encuestados señalaron la necesidad de apoyo en tareas cotidianas como la gestión del dinero, la preparación de alimentos o la resolución de problemas en caso de enfermedad. Según los autores del informe, estos obstáculos podrían superarse mediante formación, asistencia de profesionales del ámbito social o el uso de tecnología e Inteligencia Artificial.

Desempleo, salarios bajos y falta de vivienda adecuada

El estudio también subraya que las dificultades económicas son un factor clave en esta situación. La tasa de desempleo en personas con discapacidad intelectual alcanza casi el 80 %, y quienes tienen empleo suelen percibir salarios inferiores a 10.000 euros anuales, lo que limita sus posibilidades de alquilar o adquirir una vivienda y, por ende, alcanzar una vida independiente.

Además, la escasez de opciones de vivienda adecuadas y la insuficiencia de ayudas dificultan la inclusión plena y la transición hacia modelos de vida más autónomos. El informe destaca que las viviendas no institucionalizadas tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo su bienestar y autonomía.

El informe destaca la urgencia de que el sector público implemente medidas concretas para acelerar la transición hacia modelos de vivienda comunitarios e inclusivos. Esto implica aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles y reformular los criterios de los planes públicos de vivienda para garantizar el acceso de personas con diferentes discapacidades, sus familias y organizaciones sociales. Algunos ejemplos de iniciativas en marcha incluyen la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, el Proyecto EDI, la Plataforma VIDAS y el Plan Vive.

Por otro lado, el sector privado también puede desempeñar un papel clave. Empresas del ámbito inmobiliario, como promotoras, grandes propietarios o gestoras, podrían contribuir significativamente si se establecen incentivos que les motiven a destinar parte de sus propiedades a viviendas accesibles para este colectivo.

En cuanto a la tecnología y la inteligencia artificial, el estudio señala que estas herramientas serán fundamentales para desarrollar soluciones innovadoras. Entre ellas, se plantea la creación de un portal especializado en vivienda, el uso de asistentes digitales y la implementación de domótica basada en 'Big Data', Internet de las Cosas y Realidad Virtual. Estas tecnologías permitirían mejorar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual en sus hogares y reducir los costes de apoyo personal.

Colaboración entre sectores público y privado

"Al comenzar a trabajar en este informe por iniciativa de la Fundación Álex Rivera, nos dimos cuenta de que es la primera vez que se ponen en evidencia estos datos sobre el acceso a la vivienda de personas con discapacidad. En la mayoría de los casos, la falta de acción se debe al desconocimiento del problema. Sin embargo, a medida que avanzábamos en el estudio, detectamos un gran interés por parte de diversas empresas en colaborar y ofrecer soluciones a este colectivo", explica Miren Tellería, responsable del sector inmobiliario en PwC España y líder del informe.

Por su parte, Carlos Rivera, presidente de la Fundación Álex Rivera, enfatizó que las conclusiones del estudio resaltan la importancia de la cooperación entre el sector público, el sector privado, las familias y las entidades sociales. "Las promotoras de vivienda, los grandes propietarios y las administraciones pueden desempeñar un papel fundamental en la facilitación del acceso a la vivienda para personas con discapacidad intelectual", señaló. Además, mencionó que en países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca ya se han implementado con éxito modelos de vivienda no institucional y sistemas de apoyo personalizados fuera de instituciones.