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Madrid, 12 feb (EFE).- El pleno del Congreso ha apoyado hoy por mayoría tramitar una Ley que impulse la transparencia en la contratación, impida las cláusulas abusivas y dé mayor protección a los consumidores.
A falta de la votación, los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y Compromís, entre otros, han apoyado esta tarde una proposición de Ley presentada por el PSOE que solicita que se garantice que los consumidores han comprendido no solo el significado general del contenido de un contrato, sino también su alcance jurídico y económico.
La proposición de ley de impulso de la transparencia en la contratación plantea que jueces y tribunales puedan aplicar de oficio un control, examinando si los términos del contrato predispuesto garantizan que el contratante ha comprendido sus términos, incluyendo los riesgos.
La iniciativa insta a que ese control se efectúe tanto en la contratación presencial como en la realizada a distancia o de forma electrónica, ya sea pública o privada.
La diputada del PSOE Begoña Tundidor ha criticado la actual inseguridad jurídica en los contratos predispuestos y ha dicho que la iniciativa persigue la eficaz gestión de los recursos públicos.
El diputado de Podemos Alberto Montero ha señalado que su grupo vota a favor de la propuesta pese a que llegue "25 años tarde" y el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro ha señalado que su grupo planteará cambios porque si hay un control de oficio por parte de los jueces habrá que adaptar las normas procesales y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal ha anunciado su voto favorable porque con la nueva Ley se fortalecerá la transparencia en "multitud de productos financieros", aunque -ha dicho- que en su trámite deberá aclararse el ámbito competencial.
La diputada del PDeCAT Miriam Nogueras ha utilizado su turno para criticar que en España se debata sobre transparencia cuando "es el Gobierno el que encarcela e incumple la independencia judicial", mientras el diputado de Compromís Enric Bataller ha defendido que la propuesta socialista abra un marco más transparente, que debería extenderse a las empresas, aseguradoras y entidades financieras.
El PP y Foro Asturias han rechazado la proposición de Ley del PSOE por considerar que introduce incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que hay una legislación en defensa de los consumidores y usuarios que anula las cláusulas abusivas.
Según la proposición de Ley, con carácter genera deberán ser abusivas todas aquellas cláusulas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario, carece de reciprocidad, limita los derechos del consumidor o impone "garantías desproporcionadas" o indebidamente la carga de la prueba, entre otras.
También pide que el Gobierno elabore un proyecto de ley en seis meses desde su entrada en vigor para que notarios y registradores de la propiedad y mercantiles se involucren en el control del principio de transparencia.
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