El dueño de la finca pudo cometer un delito de homicidio imprudente

La Guardia Civil ya investiga las circunstancias que provocaron que Julen se precipitase al pozo ilegal en la finca de Totalán (Málaga) en la que se encontraba con sus familiares el pasado 13 de enero, y que causó la muerte del niño. Tras el terrible accidente, los esfuerzos del Instituto Armado se centran en depurar responsabilidades para determinar si el propietario de la finca y el pocero pudieron incurrir en un delito de homicidio imprudente. Por este delito podrían ser castigados con penas de entre uno y cuatro años de cárcel.

[caption id="attachment_557406" align="alignnone" width="624"] Fuente: LaVerdad.es[/caption]

Ya se han tomado declaraciones a los implicados. Los investigadores se encuentran analizando los testimonios y recabando pruebas con el fin de averiguar si eran conocedores del estado de la prospección, que suponía un riesgo al estar mal sellada.

La Juez encargada del caso, María Elena Sancho, ya tiene bajo poder un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en colaboración con los atestados de la Policía Judicial de Vélez-Málaga. En él se constata que el pozo se abrió el pasado 18 de diciembre sin los permisos pertinentes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Totalán. Por el momento, tanto el pocero como el dueño de la parcela se culpan mutuamente de la falta de permisos para la apertura del pozo.

Asimismo, los agentes encargados de la investigación han afirmado que no se tomaron las medidas suficientes para evitar el accidente ni en las obras ni tampoco durante la reunión familiar en la que desencadenó la tragedia.