El Gobierno supedita el almacén nuclear al nuevo Plan de Residuos Radiactivos

Madrid, 6 sep (EFE).- El Gobierno tomará una decisión sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en 2019, cuando acometa la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, pendiente desde 2011.

Así lo ha confirmado hoy la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una comparecencia a petición propia en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo tras la paralización de las obras del silo nuclear.

Para Ribera, "tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual, en que las magnitudes que se manejan no se ajustan a las necesidades y con una falta de previsión en el horizonte temporal".

El pasado julio, el Gobierno solicitó al CSN que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de las obras del ATC "para analizar con detalle" la situación del mismo.

Teresa Ribera anticipó entonces que el Ejecutivo tomaría una decisión cuando supiera cuándo, qué y en qué condiciones se deben almacenar esos residuos, una cuestión en la que ha insistido hoy al reconocer que "no sabemos de cuántos residuos hablamos y cuánto cuesta gestionarlos", por lo que "no podemos hacer una estimación del coste del cierre de las centrales nucleares".

Ha recordado que el PGRR de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años, y, sin embargo, el Gobierno anterior "tomó decisiones para alargar su vida sin que se reflejara en el Plan".

Por tanto, "lo responsable es abordar de manera prioritaria su actualización antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que hoy no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo", ha señalado la ministra.

Para Ribera, es prioritario "introducir la coherencia y la transparencia" sobre la viabilidad de esta instalación, por lo que "estudiaremos en profundidad las inversiones realizadas hasta la fecha y su coste antes de tomar una decisión definitiva".

"Sólo hemos pedido tiempo", ha matizado, porque "estas prioridades no deben abordarse por la puerta de atrás, sino de forma transparente y con un análisis profundo de los escenarios financiero, económico y de seguridad", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, al no haberse actualizado el PGRR, no se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares.

Y ello ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares.

La ministra ha reconocido que, debido a los retrasos con el silo nuclear, ha sido necesario dar más capacidad de almacenamiento de residuos a las centrales. "Aún tenemos margen, pero no para sustituir al ATC", ha dicho.

En el turno de intervenciones, el Grupo Mixto ha calificado el proyecto de desfasado, ha asegurado que necesita de un análisis más exhaustivo en puntos claves como el factor sísmico que atañe al municipio de Villar de Cañas y ha urgido a la ministra a planificar un calendario de cierre de nucleares.

Para el PNV, el PGRR esta "obsoleto" y, en la misma línea que otros grupos, ha requerido un calendario y ha preguntado a Ribera si el Gobierno descarta por completo la existencia de un ATC.

Ciudadanos ha acusado al Gobierno de imponer un "silencio absoluto en este tema" en un "litigio político" que no se soluciona nunca, y le ha preguntado sobre el coste que supone para los españoles enviar anualmente los residuos radiactivos a Francia.

Unidos Podemos ha reprochado al Ejecutivo que sin un plan de residuos "no se puede seguir adelante", porque no se sabe cuánto tiempo funcionarán la centrales nucleares, y le ha pedido que las partidas para el ATC incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se destinen a empleo verde.

Y para el Grupo Popular, el ATC no es un proyecto bipartidista y con su paralización sin dar explicaciones lo único que hace el Gobierno es poner trabas a un proyecto y condenar en cuestión de inversiones y empleo a la zona de Cuenca y a Castilla-La Mancha.