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Madrid, 3 oct (EFE).- El titular del juzgado central de instrucción n 4, Fernando Andreu, ha decidido levantar el secreto que pesaba sobre los documentos remitidos por el Banco Central Europeo (BCE) sobre la quiebra del Banco Popular, al considerar que aportan "información útil para el objeto de la pericia".
En un auto fechado ayer, 2 de octubre, Andreu señala que no cabe "expurgar ninguno de los documentos facilitados por dicho organismo", que pasan así a disposición de las partes.
En febrero de este año, el juez solicitó diversa información relacionada con la gestión del Popular a varios organismos, entre ellos el Banco de España y el BCE, al que requirió toda la documentación recabada en los últimos dos años en los que asumió sus labores de supervisión.
Entonces, destacó la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso, antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.
Posteriormente, en julio, decidió la apertura de una pieza secreta sobre las causas de la caída del banco, incluida la decisión de declarar a la entidad como "próxima a la quiebra", informes y conclusiones de inspección y su seguimiento desde 2012, así como requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de la inversión crediticia, todos escritos con información reservada conforme a la normativa comunitaria.
En octubre de 2017, el juez Andreu admitió a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
Acordó entonces la división en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
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