El precipicio de la reforma de la propiedad de la tierra en Sudáfrica

Johannesburgo, 30 sep (EFE).- Tras 24 años de democracia, la eterna deuda de la reforma de la propiedad de la tierra en Sudáfrica se ha convertido en el último gran símbolo de la lucha contra las heridas del apartheid, pero se debate al borde de un precipicio entre justicia social, dilema económico y populismo político.

Hay consenso más o menos generalizado sobre que el actual reparto es injusto: la gran mayoría de los propietarios particulares de suelo agrícola son blancos, pese a representar menos del 10 % de la sociedad.

Las cifras exactas bailan. El Gobierno esgrime que el porcentaje en manos de descendientes europeos es del 72 %, frente a un 15 % de indios y mestizos, y un 4 % de la población negra.

Otros análisis señalan que esos números son engañosos porque no tienen en cuenta, por ejemplo, la tierra en manos del Estado y convertida en áreas comunales negras y gestionadas a través de reservas y fideicomisos.

En cualquier caso, la estructura de propiedad se mantiene muy desigual, con la población negra como clara perdedora.

Este sector, además, es el más afectado por altas cifras de pobreza (55 %), de desempleo (27 %) y por falta de acceso a una buena educación, agravado todo por la recesión económica actual.

"El tema de la tierra se ha convertido en algo simbólico. Representa muchos otros problemas que la era posapartheid no ha resuelto y tienen que ver con la desigualdad estructural", explicó a Efe Ben Cousins, académico del Instituto de la Pobreza, la Tierra y los Estudios Agrarios (PLAAS) de la Universidad del Cabo Occidental.

En la otra cara están los grandes productores agrarios que sostienen la capacidad del país para alimentar a su población y empujan la economía, pero también los pequeños agricultores blancos que tienen en sus granjas su modo de subsistencia, aunque estas solo se expliquen por el pasado de colonialismo y opresión racial.

"Necesitamos superar las injusticias del pasado" sin "destruir los sistemas actuales que crean riqueza en Sudáfrica", destacó recientemente Christo van der Rheede, subdirector de la patronal Agri SA, en un encuentro con la prensa extranjera.

Pese a estar incluido como objetivo en la Constitución sudafricana (1996), hasta ahora los intentos de reforma del sistema de propiedad del suelo han sido un fracaso.

Es un diagnóstico en el que coinciden analistas, oposición y hasta el partido que gobierna desde el fin de la segregación racial, el Congreso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela.

La redistribución y la restitución se han dado en mínimos porcentajes, los interminable procesos legales limitan los efectos transformadores, la corrupción y el clientelismo lastran el sistema y las tierras han quedado a menudo en manos de una nueva élite negra, en vez de servir para emancipar a la población vulnerable.

Se añaden otros factores como que los nuevos propietarios a menudo no tienen capacidad técnica y/o financiera, las graves sequías, el territorio asociado a formas de poder tradicional o que las cifras del éxodo a las ciudades indican que la falta de acceso a vivienda hace del suelo urbano un problema mucho más grave que el del suelo agrícola, pese a tener menos protagonismo.

En las zonas rurales, además, son frecuentes los ataques violentos a los agricultores. El año pasado causaron, según la Policía, al menos medio centenar de muertos.

Esa violencia llegó a ganarse el pasado agosto un tuit del presidente de EE.UU., Donald Trump, que provocó que la reforma de la tierra sudafricana entrase de lleno en la conversación global.

Días antes, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, había anunciado que el oficialismo impulsaría un cambio en la Constitución para hacerla más "explícita" respecto a la posibilidad de expropiar tierras sin compensación.

Esta herramienta, que causa pánico en los mercados y los inversores, venía respaldada por el auge de la izquierda radical -personificada en los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), tercer partido del país- y por el sector más populista del CNA.

"Ramaphosa trata de cabalgar sobre un tigre. No tiene opción porque el CNA se ha comprometido a usar la expropiación sin compensación, al menos hasta cierto grado. ¿Cuál? Aún no sabemos", señaló Cousins, que no cree que este mecanismo agrade al presidente.

"Lo cierto es que la mayor parte de la tierra que se requiere para una reforma tendrá que ser adquirida por compra. Puede ser por debajo del valor de mercado, puede ser un precio equitativo, pero tendrá que ser comprada y es un tema del que no se habla", añadió.

Para Cousins, Ramaphosa (un exitoso hombre de negocios de la Sudáfrica postapartheid con pasado de líder sindical) trata de "minimizar daños" al enfatizar siempre que lo que se haga será legal y no hará peligrar la seguridad alimentaria ni al sector agrícola, a fin de que Sudáfrica no se convierta en un nuevo Zimbabue.

Sin embargo, nadie sabe qué va a hacer el Gobierno. Tan solo parece claro que Ramaphosa necesita mantenerse en un delicado equilibrio hasta las elecciones de mediados de 2019.