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El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se ha convertido en un Gobierno en funciones hasta que tome la posesión el siguiente Ejecutivo.
Ahora ya no cuenta con la confianza de las nuevas Cortes Generales, y las funciones se acotan. Pero los altos cargos como son los directores generales o secretarios del Estado no les influye el tiempo en este periodo, pues siguen en sus puestos, manteniendo sus potestas habituales.
Conforme se va gestando el nuevo Gobierno, hasta los altos cargos pueden ser cesados y reemplazados por otras personas afines al partido político que saco la mayoría en las urnas.
Esto es lo que puede hacer un Gobierno en funciones
Tras la celebración de las elecciones generales, el Ejecutivo del Gobierno en funciones puede realizar los siguientes cometidos:
- Facilitar el desarrollo del proceso de formación de un nuevo Gobierno, así como traspasar los poderes a este.
- Limitar su gestión al “despacho ordinario de los asuntos públicos”.
- Abstenerse de adoptar otras medidas, “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.
Así, el Gobierno en funciones puede aprobar en el Consejo de Ministros, reales decretos ley, pero siempre que sean casos de 'extraordinaria y urgente necesidad', tal y como refleja la Constitución Española y tras la aprobación del Congreso de los Diputados.
De esta forma ocurrió con el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2015, pues prorrogó el Programa de activación para el Empleo o el real decreto ley de medidas aprobado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en 2019, para paliar la insolvencia del grupo empresarial británico Thomas Cook en España.
Esto es lo que la ley del Gobierno limita a las acciones de un presidente o Ejecutivo en interinidad:
- Presidente en funciones. No puede disolver ninguna de las dos Cámaras estatales, plantear una cuestión de confianza ni tampoco proponer la convocatoria de un referéndum consultivo.
- Gobierno en funciones. No puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año correspondiente ni presentar proyectos de ley en el Congreso de los Diputados para que estos completen su tramitación parlamentaria.
Desde el PNV tomaron medidas
Lo suyo sería que no tuviera que hacer la rendición de cuentas ante el Congreso y el Senado. Además, cabe destacar que conforme el Gobierno sigue desarrollando su actividad, no puede quedar fuera del control de las Cortes Generales, tal y como los establecen los artículos 1 y 66 de la Constitución, como especifica el TC.
Es por ello que el PNV presentó en 2019 a la Cámara Baja un proposición de ley respecto al control político de las Cortes al Ejecutivo, pero fue retirada por ellos mismos. Lo que decía era que el Gobierno se sometería a la supervisión de Congreso y Senado cuando sea un Gobierno en funciones.
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