CERMI exige que la regulación de empleo público para personas con discapacidad cubra toda la trayectoria laboral

La regulación del acceso al empleo público es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la transparencia y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Además, un marco regulatorio adecuado impulsa la inclusión social y laboral, asegurando que el talento y las capacidades sean los principales criterios para acceder a los puestos en las administraciones públicas.

Garantía de igualdad e inclusión

Una regulación bien diseñada permite establecer políticas específicas para corregir desigualdades históricas, como las que enfrentan personas con discapacidad. En este contexto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha solicitado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que la nueva normativa para el empleo público de personas con discapacidad abarque toda la trayectoria laboral y no se limite al acceso.

Según el Cermi, la normativa vigente, que data de 2004, necesita una actualización urgente para adaptarse a los cambios legislativos y sociales de las últimas dos décadas.

La propuesta del Cermi: una visión integral

El Cermi celebra la iniciativa del Gobierno para renovar esta regulación, pero insiste en que no basta con centrarla en el acceso a través de procesos selectivos. Propone un enfoque más amplio que abarque todas las etapas del empleo público:

1. Captación y preparación de pruebas: Establecer ayudas económicas y recursos específicos para que las personas con discapacidad aspirantes puedan afrontar las pruebas selectivas en igualdad de condiciones.
2. Ubicación y entorno laboral accesible: Garantizar que el empleado público con discapacidad disponga de un entorno de trabajo inclusivo, accesible y adaptado a sus necesidades.
3. Progresión profesional: Asegurar que estas personas puedan desarrollar sus carreras en la administración pública con igualdad de oportunidades para avanzar profesionalmente.

Transparencia y calidad en los servicios públicos

Más allá de la inclusión, la regulación del acceso al empleo público es un pilar fundamental para garantizar que los servicios estén en manos de profesionales capacitados. Los procesos basados en mérito, capacidad y transparencia fortalecen la confianza en las instituciones públicas y aseguran la provisión de servicios de alta calidad.

En este contexto, la actualización del marco normativo debe priorizar también la seguridad laboral, la formación continua y la adaptabilidad a los cambios tecnológicos y sociales. Esto permitirá que las administraciones sean no solo inclusivas, sino también eficientes y preparadas para enfrentar los retos actuales.

Un modelo de empleo público inclusivo y moderno

El empleo público debe ser un ejemplo de equidad e inclusión. Incorporar las propuestas del Cermi en la nueva regulación garantizaría que personas con discapacidad no solo tengan acceso al empleo público, sino que puedan desarrollarse plenamente a lo largo de su trayectoria laboral. Esta visión integral contribuiría a hacer del empleo público una vía poderosa para la integración social, rompiendo barreras y promoviendo una sociedad más equitativa y justa.

En definitiva, regular el acceso y toda la trayectoria laboral en el empleo público no solo fomenta la inclusión, sino que fortalece el rol de las administraciones como motores de cambio social.