El Estado ha reservado más de 700 plazas para personas con discapacidad

España ha reservado 769 plazas para personas con discapacidad. Estas plazas fueron de nuevo ingreso en 2020 según el informe sobre el Acceso de estas personas al empleo público en 2018 y 2019. La mayoría de esas plazas se dedicarán a personal funcionario (472).  Casi un centenar de personas se podrán beneficiar de las plazas para personal laboral con discapacidad (98) y 199 se ofrecieron a personas con discapacidad intelectual.

Si nos atenemos a la promoción interna es decir, a los ascensos dentro del cuerpo público se dedicaron 393 plazas para el personal con discapacidad general y 190 que se dedicaron a las personas con discapacidad intelectual. La oferta la completarían 57 plazas para personal laboral.

La normativa de España obliga a que el 7 % de las plazas estén reservadas a personas con discapacidad

La reserva de las plazas para personas con discapacidad sigue en ascenso en España. Nuestro país ha registrado grandes datos en las convocatorias de 2018 y 2019. De hecho, la normativa obliga a que en España se reserven el 7 % de las plazas para personas con discapacidad: el 2 % deben ser para personas con discapacidad individual y el 5 % para personas con discapacidad general.

Sin embargo, las plazas ofertadas no coinciden con las convocadas. Hay que resaltar que el índice de aprobados entre la población con discapacidad y sin discapacidad es parejo hasta que nos fijamos en el cuerpo más exigente del funcionariado: el cuerpo A1. Por otra parte, cabe destacar que, en España, solo han accedido a estas plazas 3 personas con discapacidad en 2018 y 1 persona en 2019.

La Administración española debe esforzarse en la inclusión de las personas con discapacidad

El informe ha recomendado a la Administración de España que haga un esfuerzo mayor para conseguir una mayor participación de la personas con discapacidad en los próximos procesos selectivos en las OEP. Con todo, la AGE adoptó medidas significativas para adaptar los procesos selectivos a las particularidades de las personas con discapacidad intelectual (tiempos, medios técnicos, formato etc.).

El trabajo resalta finalmente que en paralelo a la actuación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas muestran también “una creciente preocupación y esfuerzo” para la incorporación de personas con discapacidad a sus respectivos ámbitos de competencia.