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La reducción de la movilidad por el Covid-19, contribuyó a que la contaminación del aire en España alcanzara el año pasado los niveles más bajos de la última década.
Pese a ello, Madrid continuó incumpliendo los límites legales de dióxido de nitrógeno y otra treintena de zonas rebasaron los objetivos del ozono troposférico.
Así lo reflejan los datos del informe titulado 'La calidad del aire en el Estado español durante 2020', elaborado por la ONG Ecologistas en Acción.
La contaminación ha contado un arduo trabajo para medir sus niveles
El trabajo se basa en datos oficiales de 800 estaciones de medición del control de la contaminación atmosférica repartidas por 129 zonas y aglomeraciones repartidas por toda España, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos.
El informe indica que 42 millones de residentes en España (el 88,4 % del total) respiraron aire insalubre el año pasado según los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que supone la cifra más baja de la última década.
Si se tienen en cuenta los límites legales recogidos en la legislación europea y española, que encima son más laxos que los de la OMS, un 18 % de la población respiraron el año pasado aire contaminado, lo que representa cuatro millones menos respecto a 2019 y también la cifra más pequeña del último decenio.
Respecto a la protección de la vegetación, un 41,6 % del territorio español soportó unos niveles de polución que incumplen los estándares legales para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales.
Si se considera el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación establecido por la normativa para el ozono troposférico, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación sube hasta el 79,7 % del total, que también es el dato más bajo de la década.
En líneas generales, la calidad del aire mejoró sustancialmente el año pasado en España, con una reducción notable del 55 % en los niveles ozono troposférico (O3) respecto al periodo entre 2012 y 2019, del 27 % en el dióxido de nitrógeno (NO2), del 11 % en las partículas en suspensión PM2,5 y del 6 % en las partículas PM10.
Según Ceballos “no tiene precedentes al menos en la última década y está relacionada con las restricciones a la movilidad y la actividad económica producidos con los dos estados de alarma para contener la epidemia de la Covid-19”.
Ello se tradujo en un descenso del 13 % en el consumo de combustibles fósiles y de un 5 % en el de electricidad, y esto coincidió con un incremento de un 40 % en la producción de energías renovables.
No en vano, la principal fuente de contaminación en las áreas urbanas es el tráfico motorizado. Para Ecologistas en Acción, fuentes industriales como determinadas áreas fabriles en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas condicionan de manera decisiva la calidad del aire, en tanto que el transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.
Problema de primer orden
Para Ecologistas en Acción, la contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden porque cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el España por afecciones derivadas de la polución.
Así lo refuerzan los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Además, según el Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de estas personas fallecen en episodios de alta polución.
Además, los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año (un 3,5 % del PIB español), según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Según Ecologistas en Acción, los planes de mejora de la calidad del aire son obligatorios según la legislación vigente, pero en muchos casos no existen y en otros son inefectivos por falta de voluntad política.
Una decena de comunidades autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborar planes de lucha contra la contaminación por ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales. El Tribunal Supremo puso de manifiesto esta negligencia administrativa en 2020.
Algunas de las soluciones que proponen son:
- Disminuir el tráfico motorizado potenciando el transporte público limpio, la bicicleta y el tránsito peatonal
- Promover el ahorro energético
- Adoptar las mejores técnicas industriales disponibles
- Cerrar las centrales térmicas de carbón
- Penalizar el diésel
- Reducir el uso del avión
- Declarar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo como las del Báltico y el Mar del Norte
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