Dos acusados por realizar una estafa a personas sin movilidad

Se ha abierto un proceso penal formal en Las Palmas de Gran Canaria contra, el ya clausurado, centro de rehabilitación Los Picachos. El gerente y su mujer han sido imputados indiciariamente por la presunta comisión de delitos de estafa e intrusismo.

El juez instructor ha comunicado a todas las partes implicadas en el auto que transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra la pareja en 2011.

La acusación viene dada por los indicios de que los dos acusados idearon y ejecutaron un plan con el que lucrarse de forma ilícita “mediante la captación de personas con patologías neurodegenerativas para, aprovechándose de su desesperación para volver a caminar, ofrecerles un tratamiento terapéutico con células madre”.

La autoridad judicial detalla que el tratamiento ofrecido únicamente consistía en “masajes y técnicas de rehabilitación”, que eran realizadas por el propio gerente del centro o por sus empleados, entre los que se encontraban una monitora de actividades acuáticas, una fisioterapeuta, una auxiliar de enfermería o una médico rehabilitadora.

La estafa consistía en hacer creer a personas sin movilidad que volverían a andar mediante un tratamiento con células madre

Cabe señalar que la investigación señala que no se han encontrado pruebas de que estas personas estuviesen al tanto de la estafa o participaran en ella.

El juez ha informado de que han contabilizado un total de 37 presuntos perjudicados por dichas actividades fraudulentas, en su mayoría, “menores en silla de ruedas o con andador”.

Las investigaciones señalan que los dos acusados abrieron en 2008 el centro de rehabilitación para personas con discapacidad neuronal “con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito y en ejecución de un plan preconcebido”.

En un inicio, el centro estaba concertado con el Servicio Canario de Salud. En 2008 el Gobierno canario decidió retirarle las subvenciones por lo que su gestión paso de forma exclusiva al acusado.

“El investigado, a sabiendas de su estafa se arrogó la representación en España de Bioscitex Incorportated, prestigiosa empresa estadounidense con sede en Minnesota que tiene como objeto la utilización de técnicas punteras y vanguardistas de rehabilitación en lo que al tratamiento de lesiones neuronales se refiere, y concretamente mediante la utilización de células madre en seres humanos para la recuperación de la movilidad en las extremidades inferiores”, detalla el auto.

Se aprovechaban de la desesperación de sus víctimas

La autoridad judicial asevera que las supuestas víctimas “fruto de su desesperación por ver caminar a sus allegados, acudieron desde numerosos puntos de la Península”.

Se les prometía y aseguraba que el tratamiento en la clínica sería una mejora radical, ya que el tratamiento personalizado que se dispensaba en la Clínica de Firgas estaría en todo momento supervisado por los facultativos de Bioscitex, "quienes además estaba previsto que se desplazarían hasta Gran Canaria para asistir personal y directamente a los pacientes”.

Los idearios de la estafa metían prisa a sus víctimas diciéndoles que debían firmar con premura los contratos para someterse al tratamiento ya que las plazas eran limitadas.

Sobre estas indicaban además que las 100 primeras serían subvencionadas al 90% por el Servicio Canario de Salud, Hecho totalmente incierto.

El juez detalla que los afectados, en un afán esperanzado por encontrar la sanación, realizaban un primer pago de 3.100,85 euros y mensualidades posteriores de 400 euros hasta la finalización del tratamiento.

“Lejos de dispensarse el tratamiento vanguardista y puntero prometido por el investigado los usuarios realizaban actividades de gimnasia, masajes, acuagym y otros similares, en muchos casos con la intervención de los propios padres de los pacientes debido a la escasez de personal especializado”, expone el auto.

Suministraban inyecciones sin tener los permisos pertinentes y obligatorios para esta acción

En base a la investigación realizada, además, el gerente del centro inyectaba a los pacientes la denominada hormona del crecimiento sin contar con la correspondiente habilitación, autorización ni prescripción médica para ello.

El auto de la estafa descubierta detalla además que las jeringuillas que contenían la citada hormona eran portadas “en el bolsillo del pantalón de su chándal”.

El estafador contaba con el título de fisioterapeuta pero causó baja del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias el 1 de diciembre de 2008. “Carece, por no haberlo tenido nunca, de cualquier habilitación profesional y autorización administrativa para ejercer la medicina y suministrar a pacientes cualquier tipo de fármaco”, concluye el juez.

La esposa del acusado era conocedora y colaboraba en la estafa

El juez determina que la esposa acusada era “plena conocedora y colaboradora del plan fraudulento”. Se encargaba de las labores de administración de la clínica e incluso, en algunas ocasiones, “daba masajes a los pacientes arrogándose las funciones de fisioterapeuta”, sin contar con la habilitación legal para el desarrollo de tales funciones.

El compuesto que les inyectaban fue analizado tras recibir varias quejas de algunos usuarios. Fue entonces cuando la Agencia Nacional del Medicamento se puso en contacto con la Consejería de Sanidad de Canarias.

Una vez descubierto esto, se procedió a la suspensión de las actividades del centro mediante la resolución del 8 de julio de 2011 confirmada por otra resolución del 18 de agosto del mismo año.

“No obstante lo cual, y pese al conocimiento de la suspensión”, afirma el juez, “el investigado continuó con la estafa hasta el 13 de septiembre de 2011, fecha en se practicó la entrada y registro ordenada por este Juzgado procediéndose a la clausura definitiva del centro".