Diez años sin ETA dejan más de 375 asesinatos no resueltos

"ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada". Con esas palabras, la organización terrorista fundada en 1959 y que cometió su primer asesinato en 1968 ponía punto y final a su historial de violencia, que se llevó por delante la vida de más de 800 personas en sus 52 años de actividad. Lo hacía un 20 de octubre de 2011, hace exactamente diez años. Y siete años después, ETA anunciaba su disolución total y pasaba a considerarse una banda extinta.

El camino hasta ese octubre de 2011 fue largo, complicado y lleno de obstáculos y atentados que tuvieron su punto álgido entre finales de los años 70 y mediados de los 80, en los conocidos como años de plomo. 

ETA asesinó a 857 personas a lo largo de cincuenta años de actividad criminal

Esa cifra habla por sí sola. Pero lo hace todavía más el hecho de que haya más de 370 asesinatos todavía sin resolver justo cuanto se cumple una década desde que la banda terrorista anunciase su final.

El 44 % de los crímenes de ETA no están cerrados. Y ese es precisamente el siguiente paso que exigen las asociaciones de víctimas, que creen que todavía "quedan cosas por hacer" y no dan plena credibilidad a las palabras de pesar del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

José Pardines y Melitón Manzanas fueron los primeros asesinatos de la banda en 1968 y desde entonces ETA no dejó de sembrar el terror hasta el año 2011. 

El estado de derecho ha fracasado con las víctimas

Quienes ahora forman la izquierda abertzale son quienes daban las órdenes cuando ETA mataba y eso, en realidad, solo lo afirman así en el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite).

En el frente legislativo, PP y PSOE se pusieron de acuerdo en ilegalizar al brazo político de la banda y extinguir cualquier cobertura política de la barbarie terrorista. El frente judicial logró ir cerrando todos los espacios de ambigüedad penal para perseguir al entorno civil que sostenía a los criminales. Y sobre todo, la acción contundente durante años de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dirección de los gobiernos de la democracia, logró descabezar una y otra vez la organización hasta anular su capacidad operativa, con un inimaginable sacrificio personal.

Pero los políticos no deben 'colgarse la medalla' del fin de la banda terrorista porque a ETA se la derrotó con todo lo contrario a lo que es el estado de derecho. Los partidos políticos han traicionado a las víctimas porque, añade, si se hubiera aplicado de verdad el estado de derecho el final de ETA se hubiera producido mucho antes.

Los atentados y amenazas han desaparecido, el rechazo a la violencia es abrumador en Euskadi

Tras el fin de ETA existe un amplio reconocimiento a las víctimas en País Vasco, el clima político se ha distendido y los debates identitarios han sido eclipsados por los problemas ciudadanos.

Pero ese oasis tiene un lado oscuro con perfiles variados. La tentación de olvidar el drama vivido sin extraer la lección de que el terrorismo no tuvo justificación, y la ausencia de memoria compartida, separan hoy a Euskadi del logro de una convivencia plenamente normalizada.

Desde ese 20 de octubre de hace diez años en el que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista, la banda fue dando pasos progresivos para su desarme que desembocaron, el 3 de mayo de 2018, en su disolución definitiva anunciada a través de un comunicado que leyó en castellano el histórico etarra Josu Ternera. La organización ya no existe y no ha vuelto a pronunciarse desde entonces, aunque la izquierda abertzale sí lo ha hecho en alguna ocasión al respecto del terrorismo, como el pasado lunes, cuando el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mostró su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas, que -dijo- "nunca debió haberse producido".

Tras unos primeros años en los que la banda trató sin éxito de establecer una negociación con los Estados francés y español para gestionar su desarme y hablar de sus presos, en 2014 los terroristas anunciaban que habían dejado "fuera de uso operativo" parte de su arsenal y que había "desmantelado" su estructura militar. En 2017, afirmaron haber completado su desarme. Y, apenas unos días antes de certificar su disolución, la banda hizo público un comunicado en el que pedía perdón a "los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA". "Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución", planteaban los terroristas.

El abandono de la violencia ha tenido también como consecuencia la legalización del brazo político de la izquierda abertzale. En 2012, el Tribunal Constitucional dio el primer paso permitiendo que Sortu fuera inscrito en el registro de formaciones políticas. Y esa formación, la más representativa de la izquierda independentista vasca, se unió posteriormente a otras que siempre habían condenado el terrorismo de ETA, como Alternatiba o Aralar, para formar la coalición EH Bildu, que ha roto su estrategia histórica y se ha implicado en la gobernabilidad a nivel nacional como apoyo parlamentario del Gobierno central.