Fin a las llamadas spam o comerciales sin identificar: la nueva ley de atención al cliente protegerá a los usuarios en España

Las llamadas spam o las llamadas comerciales no identificadas tienen los días contados en España. El Gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, ha impulsado una serie de cambios en la futura ley de atención al cliente, actualmente en trámite parlamentario, que endurecerá las condiciones de las comunicaciones comerciales telefónicas. Entre las nuevas medidas, destaca la obligación para las empresas de utilizar un prefijo específico en todas las llamadas con fines comerciales.

Un prefijo único para llamadas comerciales, las temidas llamadas spam

Según ha anunciado el Ministerio de Consumo, la modificación ha sido introducida mediante una enmienda pactada con varios grupos parlamentarios, con el objetivo de "impedir" las llamadas spam o no deseadas. Esta iniciativa obliga a que todas las llamadas de carácter comercial sean fácilmente identificables mediante un código telefónico preestablecido. Además, las operadoras estarán obligadas a bloquear automáticamente aquellas llamadas que no respeten esta normativa.

La normativa no solo afectará a las llamadas spam, sino también a los contratos que se derivan de estas comunicaciones. De aprobarse definitivamente, cualquier contrato suscrito sin el consentimiento previo expreso del usuario será considerado nulo. Además, las empresas deberán renovar cada dos años dicho consentimiento, buscando así reforzar la protección del consumidor y evitar prácticas agresivas. El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy subraya que con estas medidas se desincentivará la utilización de llamadas no solicitadas como herramienta comercial.

Más transparencia en suscripciones y opiniones online

Otro de los avances relevantes de la ley que prohíbe las llamadas spam, se centra en las suscripciones a servicios como plataformas de streaming. Con la nueva norma, empresas como Netflix o Spotify deberán avisar a sus clientes con al menos 15 días de antelación antes de la renovación automática de sus suscripciones, dando así la oportunidad al usuario de decidir si desea continuar con el servicio.

En paralelo, se establecerán controles más estrictos sobre las reseñas online. Las plataformas solo permitirán la publicación de opiniones una vez transcurridos 30 días desde la compra o el uso del servicio. De esta forma, se busca garantizar que las reseñas sean veraces y recientes, evitando prácticas fraudulentas como la compraventa de valoraciones falsas.

Mejoras en la atención al cliente y protección frente a incidencias

La ley que prohibirá las llamadas spam también contempla mejoras significativas en la atención al cliente. Las compañías tendrán que limitar a tres minutos el tiempo máximo de espera en sus líneas de atención telefónica y no podrán recurrir exclusivamente a sistemas automatizados. Además, el plazo de respuesta a quejas se reducirá a 15 días, y habrá canales de atención específicos para personas mayores o con discapacidad.

En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentarán a sanciones que pueden oscilar entre 150 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Obligaciones para servicios esenciales y grandes empresas

En lo referente a servicios básicos como electricidad, agua, gas o internet, la futura ley obligará a las empresas a informar de inmediato en caso de incidencias, garantizando la reposición del suministro en un máximo de dos horas. Igualmente, quedará prohibido interrumpir el servicio si existe una reclamación abierta por parte del consumidor.

Estas nuevas normas que incluyen las llamadas spam afectarán principalmente a empresas con más de 250 empleados o con una facturación superior a 50 millones de euros. No obstante, en el caso de los servicios básicos, todas las compañías estarán sujetas a estas obligaciones, sin importar su tamaño.