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Madrid, 21 ene (EFE).- El Ministerio de Fomento ha pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) que impulse un índice oficial de precios de alquiler de viviendas no turísticas con la debida periodicidad y desagregación territorial, para poder seguir su evolución y que sirva de soporte a las acciones políticas.
La petición por carta, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido remitida por la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, y al director general de Coordinación Estadística, Miguel Ángel de Castro, y está fechada el pasado jueves.
Beunza recuerda que la iniciativa ya tuvo el visto bueno en la última sesión plenaria del Consejo Superior de Estadística y expone que el índice tiene que ser la base para determinar zonas de mercado en las que existe una mayor presión alcista y una reducción de la oferta del alquiler asequible.
La secretaria general de Vivienda brinda al INE "todo el apoyo técnico necesario" para que el índice esté disponible con anterioridad al cuatrienio 2021-2024 del Plan Estadístico Nacional 2012-2024, dado su carácter urgente.
El Ministerio de Fomento ha señalado en varias ocasiones que un índice oficial de precios del alquiler tendría que ser previo a la autorización a comunidades autónomas y ayuntamientos para que fijen topes de precios, que serían temporales y en distritos tensionados.
Esos topes de precios figuran -para su desarrollo a lo largo de todo 2019- en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos alcanzado el pasado octubre.
No fueron incluidos en el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que fue aprobado el 14 de diciembre por el Consejo de Ministros y entró en vigor cinco días después, y que tendrá que ser convalidado por el Congreso mañana, martes.
El decreto-ley podría decaer, pues en la víspera el Gobierno no tiene asegurados los apoyos suficientes, según fuentes parlamentarias consultadas por Efe.
Tan solo los grupos de PSOE, PDeCat y PNV han confirmado su voto a favor, mientras el PP ha anunciado su voto en contra y Ciudadanos podría abstenerse.
El PDeCat y el PNV pretenderán la conversión del decreto-ley en proyecto de ley, con lo que se abriría un plazo para enmiendas de seis meses.
Unidos Podemos y ERC votarán en contra si no aprecian cambios significativos en las próximas horas, como sería, según la diputada de ECP Lucía Martín, que el plazo de preaviso de los contratos de arrendamientos se eleve a medio año o que se defina cuáles son las viviendas vacías.
Fuentes de Fomento han indicado a Efe que el preaviso de seis meses no lo contemplaron en el decreto-ley porque podría ser "contraproducente" e incentivar avisos preventivos por parte de los arrendadores "que generarían más inquietud entre los arrendatarios".
Además, Fomento entiende que las comunidades autónomas tienen sus propias definiciones de qué se consideran viviendas vacías y que el Tribunal Constitucional ha avalado "las normativas coercitivas que se basan en ese concepto de piso vacío".
Acerca de la fijación de precios máximos, la Abogacía del Estado recomendó a Fomento que no se estableciera mediante decreto, sino en otro tipo de norma.
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