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El Ayuntamiento de Madrid retiró el año pasado 291 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. De este modo, 2018 marcó su máximo histórico en cuanto a revocaciones de estos permisos. Así, lejos de reducirse la tendencia, desde 2011 los permisos anulados han ido en aumento, como recoge el área municipal de Medio Ambiente y Movilidad. Solo en lo que va de año ya se han retirado 44 permisos y desde el Consistorio estiman que los datos no se alejarán mucho de los del año pasado.
Entre los casos fraudulentos destapados, la mayoría fueron por hacer uso de las mismas sin el titular presente (239)
Para combatir este tipo de fraudes, los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tienen ya un nuevo encargo. Ahora deben ser mas exhaustivos, por lo que cada vez que ven un coche con la tarjeta de personas con movilidad reducida deben apuntar el número de placa y hacer fotos a las matrículas delantera y trasera.
Cuando un operario descubre un posible engaño, lo primero que hace es avisar a los agentes de Movilidad y Policía Municipal. Ellos se encargan de rastrear el turismo y denunciar al propietario conforme a la normativa de tráfico si procede, así como incautar la tarjeta.
Tarjetas de carácter intransferible
Para garantizar su autentificación, estas tarjetas cuentan con medidas de seguridad que las réplicas no suelen incluir, como por ejemplo la marca de agua del Ayuntamiento. Y es que en algunos casos se ha podido ver cómo un mismo número de tarjeta está dos veces en la misma calle. Así que ese tipo de acciones ciudadanas son las que tienen que combatir los controladores.
La ordenanza de Movilidad establece que las autorizaciones serán «estrictamente intransferibles y solo podrán ser utilizadas cuando su titular sea transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular de la misma».
Así las cosas, las tarjetas vinculadas a un vehículo para el traslado de personas con movilidad reducida, solo podrán ser empleadas en dicho vehículo y siempre que esté dando traslado a ocupantes que cumplan con los requisitos necesarios.
Las sanciones en función del caso
No obstante, el uso indebido de las mismas, establece la ordenanza, «ocasionará la revocación de la autorización y su retirada inmediata por parte de la autoridad judicial, sin posibilidad de volver a ser solicitada en un plazo máximo de dos años».
Si la infracción, en cambio, responde a la colocación de una tarjeta original caducada sin haber pedido la renovación, siempre que el plazo de vencimiento no supere los tres meses y el titular de la misma se encuentre presente en el vehículo, el plazo para volver a solicitarla será de 3 meses. Y de 6, cuando el periodo de caducidad sobrepase los tres meses o se sustituya por una copia.
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