Reino Unido recorta 5.000 millones en beneficios por discapacidad hasta 2030

El Reino Unido llevará a cabo una profunda reforma en su sistema de bienestar social, lo que resultará en un recorte de 5.000 millones de libras (6.000 millones de euros) en los beneficios por discapacidad hasta 2030.

El anuncio, hecho por la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, ha generado una fuerte reacción en contra de organizaciones sociales, partidos opositores y grupos de personas con discapacidad, que acusan al gobierno laborista de poner en peligro a millones de ciudadanos vulnerables.

Dificultan el acceso a los beneficios a las personas con discapacidad

Una de cada 10 personas en edad laboral en el país recibe subsidios por enfermedad o discapacidad, una cifra que Kendall califica como “preocupante”. Según su perspectiva, el sistema actual es “caro, insostenible y no está cumpliendo con su objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan”, fomentando una “inactividad económica” que limita el desarrollo del país.

El plan propuesto por Keir Starmer, líder del Partido Laborista, contempla una revisión de las evaluaciones de discapacidad con el objetivo de restringir el acceso a las ayudas. Al mismo tiempo, promete destinar 1.000 millones de libras a incentivos laborales, incluyendo la opción de que los beneficiarios prueben trabajos sin perder el subsidio. También se prevé un aumento por encima de la inflación de 775 libras (921 euros) en el Crédito Universal, una ayuda destinada a las familias con bajos ingresos, con el fin de "eliminar barreras para el empleo", según el gobierno.

Sin embargo, el Consorcio de Beneficios por Discapacidad, que agrupa a más de 100 organizaciones benéficas, calificó esta reforma como "cruel" y advirtió que afectará gravemente a quienes no pueden trabajar y dependen de estas ayudas para subsistir. Sarah Hughes, directora ejecutiva de la organización Mind, alertó de que los recortes "solo contribuirán a agravar la crisis de salud mental" en el país.

Estas medidas se presentan junto a un histórico aumento en el gasto militar. El gobierno laborista se ha comprometido a elevar este gasto al 2,5 % del PIB en 2027 y al 3 % en la siguiente legislatura, marcando el mayor aumento desde la Guerra Fría. Para financiarlo, se mantienen políticas de austeridad como el límite en los subsidios por hijo y la eliminación del pago de combustible a los pensionistas.

Respaldar una economía de guerra

De acuerdo con Micaela Tracey-Ramos, periodista del Morning Star, el Partido Laborista “ha optado por orientar la economía hacia un modelo bélico” en detrimento de los derechos sociales. Su análisis sostiene que el nuevo presupuesto se fundamenta en la reducción fiscal y el incremento del poder militar, y que “la agenda Starmer-Reeves está alineada con las demandas del capital financiero y los intereses geoestratégicos de la OTAN”.

En ese contexto, el primer acto de Starmer como primer ministro fue asistir a la cumbre de la OTAN en Washington, reafirmando su apoyo a Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno ha firmado acuerdos para enviar armas a Ucrania por un valor de 3.500 millones de libras, incluyendo la producción de 5.000 misiles antiaéreos en el Reino Unido.

Varios expertos, como Khem Rogaly de Novara Media, critican que el gasto militar no crea empleos de calidad. Un estudio del gobierno escocés mostró que el sector de defensa ocupa el puesto 70 de 100 en cuanto a creación de empleo, muy por debajo de sectores como salud, construcción o alimentación.

El diputado laborista Imran Hussain señaló en el Parlamento que “miles de personas con discapacidad grave ven cómo se discute su supervivencia como si fuera un gasto innecesario”. Liz Kendall, por su parte, defendió la reforma diciendo que parte “de una posición de compasión”.