El conflicto independentista frena en seco la agenda reformista de Rajoy

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23/09/2017 - 13:32

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Se han dejado de lado reformas como la de la financiación autonómica.

El conflicto independentista ya tiene efectos colaterales en la política nacional. 

La escalada de tensiones entre el gobierno y la Generalitat derivadas por la incertidumbre independentista Catalana de las últimas semanas, ha supuesto un freno en seco de la actividad parlamentaria y de la agenda reformista del Gobierno.

 El anuncio de los Presupuestos Generales de 2018

Los presupuestos Generales del 2018, la llave para encarar todas las reformas previstas para el próximo año, por lo pronto se ha retrasado una semana más, hasta el próximo día 29.

Lo que parecía un mero trámite para el presidente Maríano Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puede complicarse.

Además de los condicionantes del PNV, a su apoyo al Ejecutivo en función de su actuación en la crisis de Cataluña, ni Coalición Canaria ni nueva Canarias han confirmado aún su voto a favor. Ciudadanos es el único grupo que ha hecho público su respaldo a los presupuestos.

Por Ley, el Ejecutivo debe presentar los Presupuestos en el Congreso el día 30, si bien las normas admiten excepciones como la acontecida el año pasado, cuando el desgobierno paró por completo la actividad en el Congreso.

Mariano Rajoy podría también optar por prorrogar las Cuentas, pero no parece que le vaya a ser necesario: el PNV necesitará al PP para sacar adelante sus Presupuestos en el País Vasco.

La reforma de Financiación autonómica 

 La incertidumbre por Cataluña ha dejado en el tintero un reguero de medidas de calado que debían estar aprobadas antes de 2018.

Es el caso de la financiación autonómica, el acuerdo de reforma parece suspendido hasta solucionar la crisis catalana, teniendo en cuenta las pretenciosos del titular de Economía de involucrar al Govern en la negociación del nuevo reparto.

Según el ministro luis de Guindos "una vez se abandonen los planes de independencia" se abriría la puerta a una renegociación financiera de la región, siempre dentro del marco Constitucional.

 

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