19/01/2021 - 09:57
Lectura fácil
La Fundación Savia ha emitido una notificación tanto al presidente del Gobierno como a algunos de los ministros. En esta misiva, exige que “se acaben los cortes de luz en la Cañada Real”.
Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los receptores de la carta han sido el vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias y la vicepresidente cuarta y ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
La situación que se vive en la Cañada Real de Madrid es la misma que se vive en barrios como el Distrito Norte de Granada, El Quemadero de Almería, el Polígono Sur de Sevilla o Sant Roc de Badalona.
La Fundación Savia dice que 12 barrios se encuentran en condiciones de exclusión
La Fundación Savia cifró que en hasta doce barrios se viven “persistentes interrupciones de suministro eléctrico que imposibilitan que puedan tener unas condiciones de vida dignas”. La Fundación admite además, que estas familias se encuentran en una situación de vulneración de Derechos Humanos como la educación o la salud: “Una situación que resulta especialmente preocupante en el caso de la infancia y de aquellas personas que padecen algún tipo de enfermedad que requiere de suministro eléctrico continuo para tratar sus dolencias”.
¿Cuál ha sido la respuesta de las Administraciones Públicas ante este escenario?
La Fundación Savia ha declarado que la respuesta de las Administraciones Públicas es indiferencia o criminalización: “Las Administraciones Públicas vinculan estos cortes de luz con la producción de marihuana mientras las compañías eléctricas aumentan sus beneficios millonarios con subidas en el precio de la luz y dejan sin suministro permanente a numerosas familias”. Tanto Administración Pública como las eléctricas desoyen todo tipo de obligaciones con los ciudadanos y se alejan de la protección de los Derechos Fundamentales.
Por ello, la organización pide al Gobierno que asegure el suministro a estas comunidades y que evite que las administraciones públicas emitan mensajes estigmatizadores hacia quienes sufren las consecuencias de los cortes de electricidad.
Unidas Podemos comenzó a presionar hace unas semanas para intentar llegar a esta situación
El otro partido político en el Gobierno, Unidas Podemos, ha comenzado a presionar hace unas semanas para que, el Gobierno impida a las empresas encargadas de dar suministros de luz, gas y agua de cortar los suministros durante el estado de alarma. Sin embargo, por otra parte, este Gobierno que presumía de querer bajar la factura de la luz y el gas se ha encontrado en los últimos días con una borrasca y una ola de frío. Este hecho incentivó que la factura de la luz y el gas subiera un 27 %, un porcentaje muy lejano al 8 % que subió cuando gobernaba Mariano Rajoy. En aquel tiempo, la oposición acusó a Mariano Rajoy de querer subir la factura de la luz.
La formación morada pide se garanticen los derechos humanos
La formación morada que dirige Pablo Iglesias ha considerado imprescindible que las grandes empresas arrimen el hombro en esta situación de pandemia “y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad”.
La formación que lidera Pablo Iglesias no consiguió que el decreto anti desahucios que pactó con el PSOE incluyese la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables, pero el Ministerio de Transición Ecológica y el de Derechos Sociales iniciaron una negociación al respecto.
El departamento que dirige Teresa Ribera propuso ampliar de cuatro a seis meses el periodo mínimo que tiene que transcurrir desde que la compañía da el aviso al domicilio hasta que se produce el corte de luz, agua o gas, según explicaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Añadir nuevo comentario