La gestión del agua, un desastre abismal

La remunicipalización de la gestión del agua en Valladolid nació con la voluntad de convertirse en el estandarte de la gestión pública de este servicio y liderar como ejemplo a seguir una supuesta oleada de remunicipalizaciones en toda España.

Casi cinco años después del cambio en la gestión, la realidad se ha impuesto a la teoría y las ciudades que miraban de reojo cómo evolucionaba la gestión en Valladolid ahora miran hacia otro lado.

Uno de los principales factores esgrimidos por los impulsores políticos de la remunicipalización del ciclo integral del agua es el precio de la factura, argumentando que la empresa gestora solo tiene como objetivo incrementar beneficios, por delante de dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

La gestión del agua brilla por el interés de sacar beneficios y no por brindar un buen servicio al ciudadano

Desde la llegada de Aquavall empresa municipal para la gestión del agua, la tarifa no se ha reducido de ningún modo. Pues la tarifa del agua en Valladolid está congelada desde 2014, es decir, tres años antes de que se realizara el cambio a la gestión pública directa del ciclo integral.

Un cambio que sí que efectuó Aquavall desde el primer momento de coger las riendas de la gestión del agua fue el criterio de bonificación del servicio: se eliminaron las que beneficiaban a jubilados mayores de 65 años y se cambió por ayudas a familias que cobran el sueldo mínimo.

Una medida de la que se podrían haber beneficiado unos 12.000 abonados y que supondría un gasto de 150.345 euros para la EPEL (entidad pública empresarial local).

En su lugar, han implementado y mantenido una bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo, que son menos de 2.000 abonados de la ciudad y que tiene una repercusión máxima de 56.039 euros para las arcas de Aquavall. Así pues, las ayudas potenciales a los abonados con menos recursos se han reducido más del 62 %.

Otro aspecto pregonado por los partidarios de la remunicipalización del servicio del agua es aumentar la eficiencia de la gestión.

En el caso de Valladolid, calcularon que era necesario hacer una inversión de 178 millones de euros en 15 años para mejorar la red, sobre el que desde el ayuntamiento vallisoletano asegura que están haciendo una inversión de unos 10 millones anuales para sufragar el déficit de inversión previa.

Son muchas y diversas las diferencias en la gestión del agua que Aquavall ha ido haciendo y que solamente perjudican al ciudadano, pero no a la empresa. Algunas de ellas son:

• Los presupuestos de 2018, los primeros plenamente correspondientes a la gestión pública directa de Aquavall, no incrementaron la dotación para las mejoras, y rebajaron medio millón de euros de su previsión inicial de inversión.
• Las arcas municipales han dejado de recibir los 2 millones de euros anuales que la empresa concesionaria pagaba a la administración pública para realizar las inversiones necesarias para la mejora de la red e infraestructuras del agua en la ciudad, que siempre han sido responsabilidad del consistorio.
• En la realidad se ha troceado la gestión en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala. Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización encubierta. La sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se convierte en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute negativamente en la prestación del servicio, especialmente si lo que se pretende es mantener las mismas condiciones de calidad y eficiencia.

Todo esto se traduce en un mayor gasto público por los costes indirectos, no ha habido mejoras de la red, porque se han registrado múltiples incidencias del serivicio, además, los directivos de Aquavall cobran un 50 % más que los operarios.

Transparencia cero

La gestión del agua iba a poder consultarse en un portal de transparencia online, pero desde hace dos años no se presentan datos ni informes de sostenibilidad.

La remunicipalización mágica ha acabado siendo todo un desastre, que no servirá de ejemplo para el resto del país. La gestión del agua que se esperaba solo ha dejado un impacto muy negativo en las arcas municipales, dándole una patada a la sostenibilidad y a la ciudadanía.