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Barcelona/Madrid, 31 ago (EFE).- El Gobierno ha afirmado hoy que no ve "difícil" anular el nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), cuya constitución aprobó el Ministerio del Trabajo, mientras que sus promotoras han pedido la dimisión "en bloque" del ejecutivo, que no les permitirá sindicarse.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha subrayado que el Ejecutivo "no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo".
"La Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos", ha aseverado la ministra, que ha detallado que la vía rápida será "la nulidad de pleno derecho para revocar" el sindicato.
Preguntada por la intención del Ejecutivo de promover la abolición de la prostitución, Celaá ha recordado que "efectivamente se trata de una actividad no regulada en España", pero ha matizado que el Gobierno no ha tratado hoy este asunto en su reunión, por lo que ha considerado que sería "una ligereza" pronunciarse.
El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales.
Fue la propia Dirección General de Trabajo la que reconoce en el BOE que observó defectos en la documentación presentada, pero que les requirió subsanar estos defectos, que fueron efectuados por las promotoras del sindicato el 26 de julio.
Ayer, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían "colado un gol por la escuadra" y que "desconocía por completo" que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato.
La secretaria general de OTRAS, Concha Borrell, ha dicho hoy en una multitudinaria comparecencia de prensa que el Gobierno de Pedro Sánchez debería "dimitir en bloque" por rechazar a su sindicato y "por no entender que es un trabajo".
Borrell ha defendido que la prostitución "no es ilegal: bien que se reparten licencias para abrir clubes de alterne", por lo que le parece "increíble" la postura del Gobierno.
"Es posible que algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren, tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués, que demandar derechos para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia", ha dicho Borrell.
"El abolicionismo esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales por parte de algunas privilegiadas", ha añadido la trabajadora sexual.
Ser contratadas, tener baja por enfermedad o maternidad, un sueldo fijo, vacaciones o una jubilación, entre otros derechos, es algo "absolutamente impensable" para este colectivo, ha denunciado Sabrina Sánchez, otra de las impulsoras del sindicato.
Sánchez y Borrell han reivindicado el derecho a tener "todo el reconocimiento y respeto de las administraciones", les guste o no su trabajo, y ha denunciado que se otorguen licencias a locales de alterne y que, por el contrario, ellas no puedan organizarse.
Las promotoras del sindicato han recibido hoy muchas muestras de apoyo, entre ellas, las de los concejales barceloneses del equipo de gobierno Jaume Asens y Laura Pérez, que han defendido que "la prostitución no es legal, pero tampoco es ilegal" y han puesto como ejemplo que "los manteros, en una actividad que sí es ilegal, tienen un sindicato que ni el PP se atrevió a ilegalizar".
Según Asens, "lo que debería ilegalizar (el Gobierno) es la Fundación Franco, no organizaciones de mujeres que ejercen la prostitución u otros colectivos de personas vulnerables. Es más, debería impulsar su autoorganización para protegerlas de abusos".
La coportavoz de En Comú-Podem en el Congreso Lucía Martín ha dicho que "intentar impedir que un colectivo de trabajadoras sexuales se auto-organice y decida montar un sindicato es incomprensible teniendo en cuenta que esa herramienta les permite empoderarse, luchar contra el estigma, la precariedad y por sus derechos sociales y políticos".
El colectivo feminista Genera, que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, ha terciado que "por mucho que digan los medios, la prostitución no es una actividad ilegal", y ha criticado se quiera "criminalizar una actividad y un colectivo".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha valorado también la creación del sindicato de trabajadoras del sexo "para mejorar sus condiciones de vida".
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