El Gobierno aprueba el decreto ómnibus con 29 medidas sociales tras el rechazo del Congreso

El Gobierno ha optado por desglosar el real decreto ley ómnibus, que la semana pasada no obtuvo el respaldo del Congreso de los Diputados, y ha aprobado un nuevo documento que incluye 29 medidas de carácter social. Este movimiento llega tras un acuerdo entre el PSOE y Junts, mediante el cual se han rescatado algunas de las iniciativas previamente rechazadas a cambio de que el Congreso tramite una solicitud de cuestión de confianza para el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La versión original del decreto contenía cerca de 80 medidas, todas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque Sánchez ha afirmado que la nueva normativa recoge "la práctica totalidad" de las disposiciones previas, en realidad solo mantiene 29, con la inclusión de una medida inédita respecto a la versión anterior. Una vez publicado en el BOE, el decreto entrará en vigor, pero necesitará ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.

Ayudas y beneficios destacados en el nuevo decreto ómnibus

Entre las iniciativas que han sido preservadas en el decreto ómnibus destacan diversas ayudas y beneficios sociales. Se incluyen ayudas para los afectados por la DANA, con fondos destinados a la Generalitat Valenciana y a municipios, empresas y particulares damnificados. Asimismo, se ha asegurado la financiación para reparar el barranco del Poyo (26 millones de euros) y las carreteras estatales en Valencia (78,5 millones). También se han extendido hasta junio de 2025 las medidas de apoyo a la reconstrucción económica de La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja.

En materia de transporte, se mantienen en el decreto ómnibus los abonos gratuitos para pasajeros frecuentes en Cercanías, Rodalies y trenes de Media Distancia, descuentos en líneas estatales de autobuses y reducciones del 50% en el transporte urbano, así como incentivos en los sistemas públicos de alquiler de bicicletas. Además, se contempla el traspaso del Palacete de París al PNV, en línea con los principios de Memoria Democrática.

Las políticas sociales también se refuerzan con la prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, la creación de un sistema público de avales y garantías para el alquiler y la extensión del salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.134 euros mensuales hasta 2025. Asimismo, se prohíbe el corte de suministros esenciales a colectivos vulnerables y se extiende el bono social eléctrico hasta 2025, con descuentos de entre el 25% y el 40% en la factura de electricidad.

En el ámbito económico, el decreto ómnibus prolonga hasta 2026 la protección frente a compras hostiles de empresas españolas por parte de inversores extranjeros. También se revalorizan las pensiones en función del IPC, con incrementos específicos para las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad.

¿Qué medidas han sido eliminadas?

No obstante, algunas medidas han quedado fuera de esta versión del decreto ómnibus. Entre ellas, las modificaciones fiscales que incluían un aumento del límite de ingresos para la obligación de presentar la declaración de la renta, deducciones por reformas energéticas y un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos. También se han eliminado las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, los beneficios para empresas electrointensivas, los anticipos a cuenta para las comunidades autónomas y una modificación del impuesto a la banca. Asimismo, se ha suprimido la prórroga del servicio postal con Correos como operador designado y la flexibilización de los requisitos para acceder a subvenciones empresariales.

Otra de las medidas descartadas ha sido la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ya que según Junts, esta iniciativa vulneraba competencias de la Generalitat de Cataluña.

El nuevo decreto ómnibus representa una versión reducida de la normativa inicial, centrada en medidas de impacto social inmediato, dejando fuera reformas tributarias y ayudas económicas de mayor calado. Ahora, el futuro de estas disposiciones dependerá de la convalidación del Congreso en el plazo establecido.