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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha detallado este jueves una de las reformas más relevantes que prepara el Gobierno en materia de regulación digital: la incorporación al Código Penal de nuevas responsabilidades para los propietarios de las grandes plataformas tecnológicas cuando sus sistemas contribuyan a difundir contenidos perjudiciales.
La iniciativa, que ya había sido adelantada meses atrás por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende que los máximos responsables de estas compañías puedan afrontar consecuencias penales en España por el funcionamiento de los algoritmos que impulsan determinados contenidos y por desobedecer órdenes de retirada de publicaciones ilícitas.
Según explicó la ministra, el Ejecutivo considera que ha llegado el momento de poner fin a la falta de responsabilidad de quienes controlan algunas de las mayores plataformas digitales del mundo, especialmente cuando su actividad afecta a menores de edad.
Responsabilidad penal para los propietarios de las grandes plataformas
Durante su comparecencia, Rego afirmó que los socios del Gobierno han decidido avanzar hacia un modelo en el que los denominados "caudillos digitales" respondan penalmente por el impacto de los contenidos difundidos mediante sus servicios.
La ministra aseguró que la futura reforma permitirá que los propietarios de estas grandes plataformas sean considerados responsables del efecto perjudicial derivado del funcionamiento de sus algoritmos. Asimismo, explicó que quienes ignoren una orden de retirada de contenidos considerados ilícitos también podrán enfrentarse a consecuencias penales y ser juzgados en territorio español.
El Ejecutivo sostiene que esta modificación legal responde a la necesidad de adaptar la legislación a un entorno digital en el que las plataformas desempeñan un papel cada vez más activo en la difusión de información.
La propuesta del Gobierno implicará una modificación del Código Penal, por lo que deberá tramitarse como una Ley Orgánica. Esto significa que serán las Cortes Generales las encargadas de debatir y aprobar definitivamente el texto antes de su entrada en vigor.
Rego defendió la necesidad de esta reforma argumentando que los algoritmos utilizados por las grandes plataformas no funcionan de manera neutral. En su opinión, las decisiones automatizadas que determinan qué publicaciones tienen mayor visibilidad influyen directamente en los contenidos que consumen niñas, niños y adolescentes.
La ministra subrayó que la selección y promoción de determinados mensajes condiciona el entorno digital al que se exponen los menores, con posibles efectos sobre su desarrollo y bienestar.
Un mensaje dirigido a los grandes empresarios tecnológicos
Durante su intervención, Rego lanzó un mensaje directo a algunos de los principales propietarios de compañías tecnológicas internacionales.
La ministra afirmó que el Gobierno pretende poner fin a la impunidad de los grandes empresarios del sector tecnológico, mencionando expresamente a Elon Musk como ejemplo de los dirigentes empresariales a los que va dirigida esta reforma.
En este sentido, defendió que cualquier empresa que opere en España deberá respetar los derechos de la infancia y la adolescencia con independencia de su tamaño o influencia internacional, insistiendo en que no habrá excepciones para quienes desarrollen su actividad en el país.
Rego también introdujo una novedad respecto a otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo: la limitación del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
Aunque el planteamiento inicial contemplaba una prohibición general, la ministra aclaró que el Gobierno estudia aplicar ese veto únicamente a aquellas grandes plataformas que no garanticen adecuadamente los derechos de la infancia y la adolescencia.
De esta forma, las redes sociales que acrediten mecanismos eficaces de protección para los menores podrían quedar fuera de esa restricción.
El objetivo, explicó la responsable de Juventud e Infancia, es impedir que determinadas empresas continúen diseñando entornos digitales orientados a captar la atención de los menores y obtener beneficios mediante la explotación de sus datos personales.
España mantiene su ofensiva contra el poder de las grandes tecnológicas
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para aumentar el control sobre las grandes compañías tecnológicas, muchas de ellas con sede o origen en Silicon Valley, en Estados Unidos.
En los últimos años, España ha intensificado su discurso crítico frente al creciente poder que concentran estas empresas y frente a la influencia que ejercen sobre la información y el debate público.
Pedro Sánchez ya había mostrado esta preocupación en diferentes foros internacionales. En el Foro de Davos de 2025 alertó sobre el papel de personas "extremadamente poderosas" y de los llamados "tecnomillonarios", advirtiendo de que determinadas redes sociales estaban perjudicando tanto al sistema democrático como al orden liberal.
Posteriormente, durante el World Governments Summit celebrado en Dubái en febrero de este año, el presidente volvió a insistir en la necesidad de reforzar la regulación del entorno digital. En aquella intervención adelantó tanto la futura prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años como la intención de exigir responsabilidades a los propietarios de las plataformas.
Durante años, empresas como X, propiedad de Elon Musk, o Meta, dirigida por Mark Zuckerberg y propietaria de Facebook e Instagram, defendieron que la responsabilidad sobre los contenidos ilegales correspondía exclusivamente a quienes los publicaban, mientras que las plataformas actuaban únicamente como intermediarias.
Sin embargo, ese planteamiento ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, especialmente tras la aprobación en la Unión Europea del Reglamento de Servicios Digitales, que obliga a las grandes plataformas a actuar con mayor diligencia para retirar contenidos ilícitos y reducir los riesgos derivados de su difusión.
Pese a ese nuevo marco regulatorio europeo, el Gobierno considera que muchas plataformas todavía no cumplen de forma suficiente con esas obligaciones, motivo por el que plantea endurecer las consecuencias legales mediante la reforma del Código Penal.
Reacciones de los propietarios de las plataformas
Las propuestas anunciadas por el Ejecutivo ya provocaron anteriormente la respuesta de algunos de los principales empresarios tecnológicos.
Tras las primeras declaraciones de Pedro Sánchez sobre esta materia, Elon Musk criticó públicamente al presidente del Gobierno y llegó a calificarlo de "traidor".
Por su parte, Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, utilizó la propia aplicación de mensajería para enviar un comunicado masivo dirigido a los usuarios españoles, en el que cuestionó las iniciativas del Ejecutivo y las presentó como una amenaza para la libertad de expresión.
Con la reforma anunciada ahora por Sira Rego, el Gobierno pretende consolidar un marco legal que incremente las obligaciones de las grandes plataformas digitales y refuerce la protección de los menores frente a los riesgos asociados al funcionamiento de sus algoritmos y a la difusión de contenidos ilícitos.
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