El Defensor del Pueblo Andaluz denuncia retrasos de más de tres años en el grado de discapacidad

La parálisis administrativa en los trámites de valoración del grado de discapacidad y la diversidad funcional se ha convertido en una barrera crítica para el ejercicio de los derechos fundamentales en el Sur de España. Según recoge la publicación especializada Tododisca, el Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una severa advertencia institucional tras constatar que los plazos de espera para obtener o revisar el grado de discapacidad en la comunidad autónoma llegan a superar los tres años (más de 36 meses).

Esta demora insostenible vulnera de forma flagrante los plazos máximos fijados por la legislación vigente y mantiene a miles de ciudadanos en una situación de indefensión y desprotección social.

El colapso burocrático de los Centros Base y la vulneración de los plazos legales en la valoración del grado de discapacidad

La normativa reguladora del procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad fija un plazo máximo de resolución que, por regla general, no debería rebasar los tres o seis meses según la regulación autonómica y estatal. Sin embargo, la acumulación de expedientes sin resolver en los Centros Base de Valoración y Orientación de las distintas provincias andaluzas ha generado un embotellamiento estructural.

El dictamen del Defensor del Pueblo Andaluz señala que las causas principales de este colapso se deben a deficiencias organizativas y de personal sostenidas en el tiempo:

• Déficit de profesionales en los equipos EVO: Falta de personal médico, psicólogos y trabajadores sociales para integrar los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), lo que impide agilizar las citas presenciales e inspecciones.
• Saturación en la gestión documental: Incapacidad de los sistemas informáticos y administrativos para procesar el elevado volumen de solicitudes de valoración inicial y de revisión por agravamiento.
• Desigualdad territorial: Tiempos de espera dispares entre provincias, donde ciertas áreas urbanas acumulan demoras que triplican el límite legalmente permitido.

Consecuencias socioeconómicas: paralización de derechos y vulnerabilidad

Retrasar la entrega del carnet de grado de discapacidad durante tres años no es un mero inconveniente administrativo, sino que bloquea de forma directa el acceso a la red de protección social y económica del Estado:

• Exclusión del mercado laboral: Sin el reconocimiento oficial del 33 % de discapacidad, las personas afectadas quedan excluidas de la cuota de reserva de empleo en empresas públicas y privadas, así como de las ofertas de empleo público adaptadas.
• Pérdida de beneficios fiscales y prestaciones: Se impide la aplicación de deducciones en el IRPF, exenciones en impuestos de circulación y matriculación, y el acceso a pensiones no contributivas o subsidios de movilidad.
• Corte en apoyos educativos y productos ortoprotésicos: Dificulta la obtención de becas para necesidades educativas especiales en la infancia, la reserva de plazas universitarias y las subvenciones para adaptar viviendas o adquirir sillas de ruedas y audífonos.

Medidas urgentes exigidas por la institución: plan de choque y simplificación

Para revertir esta vulneración de derechos, el Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía a adoptar de forma inmediata un paquete de medidas de choque:

• Contratación extraordinaria de personal: Reforzar con urgencia las plantillas de los equipos evaluadores del grado de discapacidad para desatascar el volumen de expedientes acumulados.
• Aprovechamiento de informes del sistema público de salud: Automatizar la valoración en patologías objetivas y graves utilizando los informes digitalizados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para evitar citas presenciales innecesarias.
• Vía prioritaria para situaciones sobrevenidas: Establecer protocolos de tramitación de urgencia para personas con enfermedades degenerativas de rápida evolución, menores en edad de atención temprana o personas en riesgo inminente de exclusión social.

Superar los tres años de espera para valorar el grado de discapacidad paraliza el acceso a derechos fundamentales y convierte la burocracia en un obstáculo infranqueable para la inclusión social.