El 66 % de los españoles pide que la gran industria pague por contaminar

La percepción de la sociedad civil española respecto a la responsabilidad climática de las corporaciones ha alcanzado un consenso histórico que redefine el nivel de exigencia hacia el sector privado. Según los datos demoscópicos publicados por el portal especializado Compromiso RSE y la encuesta encargada por Beyond Fossil Fuels y realizada por YouGov en seis países europeos, una abrumadora mayoría social reclama medidas regulatorias e impositivas más severas contra la contaminación industrial: más de dos tercios de la población española exige de forma explícita que la gran industria pague por sus emisiones de CO2.

Este indicador refleja un cambio profundo en la cultura ciudadana, que ya no percibe la descarbonización como una opción voluntaria ligada al márketing reputacional, sino como una obligación económica y fiscal de justicia climática alineada con el principio de «quien contamina, paga».

Exigencia regulatoria y conciencia climática

La investigación estadística revela que la preocupación por el calentamiento global y la salud atmosférica ha dejado de ser un tema sectorial para convertirse en una demanda transversal de la opinión pública en España.

Los datos clave del estudio se estructuran en tres grandes conclusiones:

• Consenso sobre la fiscalidad verde: Más del 66 % de los ciudadanos encuestados respalda que se apliquen tasas e impuestos directos y proporcionales al volumen de gases de efecto invernadero vertidos por las corporaciones de los sectores difusos y de la industria pesada (cemento, siderurgia, refino y químicas).
• Demanda de transparencia total: La ciudadanía exige que las empresas hagan públicos sus datos auditados de huella de carbono de forma clara, prohibiendo por ley las declaraciones vagas de sostenibilidad que carezcan de una base científica contrastable.
• Corresponsabilidad en la trastienda económica: El consumidor español actual vincula el comportamiento ético de la marca con su viabilidad comercial. Existe una creciente disposición a penalizar en el carro de la compra a aquellas organizaciones que se resistan a transformar sus matrices energéticas hacia fuentes renovables.

El dilema de la gran industria: costes de transición frente a competitividad

La demanda ciudadana de que la gran industria asuma el coste financiero de sus emisiones acelera la presión sobre los comités de dirección, atrapados entre las exigencias de la opinión pública y los retos de la competitividad en los mercados globales.

La aplicación estricta de impuestos al CO2 obliga a las empresas a internalizar un coste que antes se consideraba una externalidad ambiental. Para sectores con procesos de difícil descarbonización (hard-to-abate), esta presión fiscal exige inversiones multimillonarias a corto plazo en tecnologías disruptivas —como el hidrógeno verde, la captura y almacenamiento de carbono (CAC) o la electrificación de hornos de alta temperatura—. La gran industria advierte de que una excesiva rigidez impositiva local, sin mecanismos de ajuste en frontera en la Unión Europea, podría incentivar la deslocalización industrial hacia países con legislaciones ambientales laxas, destruyendo empleo sin solucionar el problema de las emisiones globales.

En España, el respaldo a que la gran industria pague por sus emisiones atraviesa todo el espectro político: alcanza al 88 % del electorado de Sumar y al 78 % del PSOE, pero también al 61 % de la masa de votantes del PP, el triple que el 19 % que se opone. Incluso entre la población votante de VOX: un 38 % se muestra a favor. La exigencia de condicionar los derechos gratuitos a la reinversión en reducir emisiones es igualmente transversal: la respaldan desde el 86 % del electorado de Sumar y el 78 % del PSOE hasta el 69 % del PP y el 59 % de VOX.

La descarbonización como pilar obligatorio de la RSE y los criterios ESG

Las conclusiones difundidas por Compromiso RSE demuestran que, en este año 2026, la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha consolidado como el eje prioritario de la dimensión Ambiental (la 'E' de los criterios ESG) y de las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La organizaciones de la gran industria ya no pueden gestionar su acción climática mediante proyectos aislados de compensación de emisiones; la sociedad civil exige una reducción real y trazable de la huella de carbono.

Para responder a este mandato social y mitigar los riesgos regulatorios y reputacionales, el tejido industrial líder está adoptando tres medidas de gobernanza responsable:

1. Adopción de objetivos basados en la ciencia (SBTi): Diseñar y ejecutar planes de descarbonización rigurosos que detallen cómo se reducirán las emisiones directas (Alcance 1 y 2) en un porcentaje anual auditado, con la meta de alcanzar la neutralidad antes de 2040.
2. Inversión en contratos de energía a largo plazo (PPAs): Garantizar que el suministro eléctrico de todas las plantas de producción provenga de fuentes 100 % renovables (solar y eólica), eliminando de la cadena operativa el uso de combustibles fósiles.
3. Ecodiseño y transformación de procesos: Reconfigurar la fabricación bajo los principios de la economía circular, minimizando el uso de materias primas vírgenes y optimizando la eficiencia energética de las plantas para reducir la cantidad de CO2 emitido por unidad de producto fabricado.