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Hace casi veinte años, África puso en marcha una de las iniciativas medioambientales más ambiciosas del planeta. En 2007, impulsada por la Unión Africana, nació la Gran Muralla Verde con la intención de recuperar millones de hectáreas degradadas a lo largo del Sahel, una extensa franja de territorio que atraviesa el continente de oeste a este durante cerca de 8.000 kilómetros.
Desde entonces, el proyecto ha sido presentado en numerosas ocasiones como una gigantesca barrera de árboles destinada a frenar la expansión del desierto del Sahara. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Su éxito no depende únicamente de plantar vegetación, sino de conseguir que millones de personas puedan volver a vivir de una tierra productiva en una de las regiones más vulnerables al cambio climático.
La Gran Muralla Verde es mucho más que una línea de árboles
La imagen de una muralla vegetal ha ayudado a popularizar la iniciativa, pero los responsables del programa insisten en que el objetivo va mucho más allá. Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la estrategia actual consiste en crear un amplio mosaico de ecosistemas restaurados y sostenibles.
Esto implica proteger la regeneración natural de la vegetación, recuperar la fertilidad del suelo, mejorar la gestión de los recursos hídricos, introducir especies resistentes a las condiciones extremas y generar oportunidades económicas para agricultores y ganaderos.
Para las comunidades locales, el impacto puede ser determinante. La recuperación de terrenos degradados supone disponer nuevamente de cultivos, zonas de pastoreo, sombra, agua y fuentes de ingresos en lugares donde la desertificación ha reducido progresivamente las posibilidades de subsistencia.
El núcleo inicial de la Gran Muralla Verde estuvo formado por once países integrados en la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde: Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, Eritrea y Yibuti.
Con el paso de los años, el alcance de la iniciativa se ha ampliado considerablemente. Actualmente, la UNCCD señala que las acciones vinculadas al proyecto se desarrollan en un total de 22 países africanos, reflejando la dimensión continental que ha adquirido esta estrategia de restauración ambiental.
Objetivos gigantescos para 2030
Las metas fijadas para finales de esta década son de enorme magnitud. El programa aspira a restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar 10 millones de empleos verdes en zonas rurales.
Además, la Unión Europea destaca otro objetivo fundamental: mejorar la seguridad alimentaria de 20 millones de personas. Este aspecto resulta especialmente relevante porque conecta directamente la restauración ambiental con la calidad de vida de la población.
Más allá de los indicadores globales, el propósito final es proteger cosechas, asegurar la disponibilidad de agua, recuperar pastizales y fortalecer las economías locales en territorios donde la supervivencia depende en gran medida de los recursos naturales.
El Sahel constituye una zona de transición entre el Sahara y las sabanas africanas. Sus habitantes conviven con condiciones climáticas extremadamente exigentes, donde una temporada de lluvias insuficiente puede provocar pérdidas agrícolas, escasez de alimentos y desplazamientos de población.
Durante el lanzamiento del programa SURAGGWA en el marco de la COP30, el ministro de Medio Ambiente de Senegal, El Hadji Abdourahmane Diouf, recordó que más del 70 % de las comunidades rurales del país dependen directamente de la agricultura de secano.
La afirmación pone de manifiesto la vulnerabilidad de millones de personas que dependen de la lluvia para producir alimentos. Cuando el agua escasea y los suelos pierden fertilidad, las alternativas económicas son muy limitadas.
A lo largo de los últimos años se han registrado avances significativos, aunque las cifras varían según las fuentes consultadas. El Acelerador de la Gran Muralla Verde informa de cerca de 18 millones de hectáreas restauradas y alrededor de 350.000 empleos generados.
Por otro lado, una estimación publicada por Reuters en 2024 elevaba esos resultados hasta aproximadamente 30 millones de hectáreas recuperadas y tres millones de puestos de trabajo.
Estas diferencias reflejan una de las principales dificultades del proyecto: medir con precisión el impacto real de las intervenciones. Los expertos señalan que no basta con contabilizar árboles plantados. También es necesario evaluar la supervivencia de la vegetación, la mejora efectiva de los suelos y los beneficios obtenidos por las comunidades locales.
Las dificultades que frenan el avance
A pesar de la magnitud de la iniciativa, diversos responsables internacionales han advertido de que el calendario previsto corre peligro. Alain Richard Donwahi, presidente de la cumbre de Naciones Unidas sobre desertificación celebrada en 2022, reconoció en 2024 que la ejecución del proyecto no avanza al ritmo necesario para cumplir los objetivos fijados para 2030.
Entre los obstáculos identificados destacan los problemas de financiación, las dificultades de coordinación entre países y los desafíos asociados a la implementación de proyectos a gran escala en territorios muy diversos.
La investigación científica también ha aportado elementos de reflexión. Un estudio publicado en 2025 en la revista Land Use Policy analizó parcelas reforestadas en Senegal y concluyó que únicamente dos de las 36 examinadas mostraban un proceso de reverdecimiento claramente significativo. Los resultados no cuestionan el proyecto en su conjunto, pero sí subrayan que plantar árboles no garantiza automáticamente la restauración de los ecosistemas.
La financiación, pieza clave del éxito
La UNCCD estima que serán necesarios al menos 33.000 millones de dólares para alcanzar las metas establecidas para 2030. Aunque numerosos países e instituciones internacionales han anunciado compromisos financieros, el reto consiste en convertir esas promesas en inversiones efectivas sobre el terreno.
Con el objetivo de mejorar el seguimiento de los recursos y la transparencia de los resultados, se ha puesto en marcha el Observatorio de la Gran Muralla Verde. Esta plataforma digital busca monitorizar proyectos, fondos y avances de forma más precisa.
Según Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo de la UNCCD, la disponibilidad de datos fiables es uno de los factores decisivos para garantizar el éxito de la iniciativa.
La apuesta más reciente se articula en torno al programa SURAGGWA, financiado por el Fondo Verde para el Clima e implementado por la FAO en ocho países del Sahel: Burkina Faso, Chad, Yibuti, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal.
La iniciativa pretende restaurar paisajes degradados, aumentar la resiliencia frente al cambio climático y fortalecer los medios de vida de las poblaciones rurales.
Uno de los pasos más recientes tuvo lugar el 19 de mayo de 2026 en Nigeria, donde la FAO y el Gobierno nigeriano constituyeron un grupo técnico de trabajo destinado a coordinar la ejecución del programa. El representante de la FAO en Nigeria y ante la CEDEAO, Hussein Gadain, destacó que el verdadero desafío consiste en transformar los compromisos políticos en acciones concretas y resultados verificables.
Una carrera contra el reloj
La Gran Muralla Verde nunca fue concebida como una solución milagrosa frente al cambio climático ni como una barrera física continua de árboles. Su verdadera importancia radica en la posibilidad de recuperar ecosistemas degradados y ofrecer oportunidades económicas sostenibles a millones de personas.
El tiempo, sin embargo, juega en contra. Para cumplir los objetivos fijados para 2030 será necesario acelerar la restauración de tierras, garantizar una financiación estable y demostrar que los beneficios llegan realmente a las comunidades locales. En una región donde cada cosecha puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la crisis, cada hectárea recuperada cuenta.
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