15/09/2017 - 15:04
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El Ministerio de Hacienda intervendrá las finanzas catalanas para evitar que la Generalitat destine fondos de los Presupuestos al referéndum del 1-O.
El Estado será ahora el que pague a los funcionarios y los servicios públicos
El departamento de Cristóbal Montoro establece que será ahora el Estado el que pague directamente a los funcionarios y los servicios públicos catalanes, para que de esta forma, el Gobierno garantice que el dinero llegue donde debe hacerlo.
La medida se adopta después de que Oriol Junqueras, Conseller de Economía, comunicase al Ministro de Hacienda que dejará de enviar informes semanales sobre los gastos de la Generalitat. El Tribunal Supremo ha rechazado ya esta propuesta.
Montoro advertía de que si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente, más concretamente al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.
Se prevé que estas nuevas medidas se aprueben este viernes en el Consejo de Ministros. Esto es sólo el inicio de otras más duras medidas que se irán adoptando poco a poco si la Generalitat persiste con su actitud.
¿Qué pasará con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)?
El Gobierno aún no ha hecho referencia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya que sus pagos se destinan directamente a abonar las facturas a los proveedores.
El Ejecutivo planteó el control del gasto como una condición para la transferencia de Fondos de Liquidez Autonómicos a Cataluña, la Comunidad autónoma que más dinero ha recibido desde su creación con más de 70.000 millones de euros (58.000 sólo a través del FLA).
En 2017, Cataluña recibe del Estado un total de 18.576 millones de euros a través del sistema de financiación, un montante que supone el 19% de lo que España reparte por este concepto. Se sitúa así como primer perceptor.
El Gobierno de la Generalitat asume su estado de tensión con el Estado Español y afirma que su situación de tesorería es buena, e insiste en que cuentan con recursos para pagar a proveedores y asumir los vencimientos de deuda al menos hasta final de año.
La campaña ilegal ya ha comenzado
El acto para abrir la campaña electoral del referéndum empezaba ayer día 14 de septiembre pese a la advertencia del Gobierno Central de que puede incurrirse en un delito.
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