El Tribunal Supremo ha señalado que la ley de amnistía viola varios derechos constitucionales, incluidos el derecho a la igualdad, y ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta ley.
La propuesta de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP planteaba condonar determinados actos relacionados con el procés desde 2013, mientras que la actual del PSOE se retrotrae a 2012.
Con la Ley de amnistía sobre la mesa de las negociaciones de investidura, decenas de jueces que tienen abiertas causas por el procés, ven cómo sus procedimientos se pueden quedar en agua de borrajas, incluso después de haberlos juzgado.