Tribunales se plantean la cuestión de inconstitucionalidad frente a la presión del independentismo por la amnistía

La posibilidad de una Ley de Amnistía en medio de las negociaciones de investidura ha inquietado a numerosos jueces que están involucrados en casos relacionados con el proceso independentista de Cataluña. Esto podría poner en peligro sus procedimientos judiciales, incluso después de haber emitido veredictos. A nivel de los tribunales superiores, como el Tribunal Supremo, la posibilidad de utilizar la herramienta legal de la cuestión de inconstitucionalidad, proporcionada por la Constitución, es un tema de debate.

Los jueces prefieren no revelar sus intenciones hasta que conozcan el texto final de la ley y optan por tomar decisiones legales en el momento apropiado.

El debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad y su impacto

La cuestión de inconstitucionalidad es una herramienta legal común que permite a cualquier juez solicitar al Tribunal Constitucional que examine una ley si considera que esta viola la Constitución y afecta a un caso específico. Sin embargo, su uso podría suspender temporalmente la aplicación de la ley o el proceso judicial en cuestión.

En el caso de la amnistía, la aplicación de esta medida dependerá del detalle específico de la ley propuesta. Algunos juristas argumentan que los tribunales están obligados a aplicar la ley vigente, que incluiría la amnistía, mientras que otros sostienen que la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad suspende temporalmente el proceso judicial. Esta situación genera incertidumbre en medio del debate sobre la constitucionalidad de la amnistía, ya que la Constitución no aborda directamente este tema y las interpretaciones varían entre los expertos legales.

Dos perspectivas sobre la constitucionalidad de la amnistía

La constitucionalidad de la amnistía está en el centro de todos los debates. El motivo es que la Constitución no menciona una sola palabra sobre ella, lo que permite interpretaciones opuestas. Algunos argumentan que si no está explícitamente incluida, está prohibida, y que las amnistías generales son inadmisibles.

Otros defienden que si no está explícitamente prohibida, no está prohibida y se basan en sentencias previas del Tribunal Constitucional que avalan la legalidad de las amnistías. Argumentan que los indultos y las amnistías son medidas muy diferentes, ya que el primero perdona los delitos cometidos, mientras que la segunda los elimina. La cuestión de si se presentará o no una cuestión de inconstitucionalidad depende del contenido final de la ley.

El precedente de la Ley de Amnistía de 2021 y su rechazo

En 2021, se presentó una Ley de Amnistía por parte de Junts y ERC, que afectaba a actos relacionados con el proceso independentista. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por PSOE, PP y Vox, basándose en argumentos legales que la consideraban inconstitucional. Los letrados del Congreso argumentaron que la amnistía suponía un indulto generalizado, lo cual está prohibido por la Constitución.

Aunque aún no se conoce la letra pequeña de la norma propuesta, se estima que podría beneficiar a aproximadamente 1.432 personas, incluyendo a políticos, funcionarios y otros involucrados en el procés.

El futuro de la ley está en discusión, ya que el PSOE no ha aceptado la condición de la amnistía en las negociaciones de investidura, mientras que los independentistas la consideran una línea roja para su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

La resolución final sobre este controvertido tema aún está por determinar.