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El conflicto en las aulas de la enseñanza pública madrileña ha derivado en su mayor pulso sindical en más de una década. Con fecha fijada para este 16 de octubre de 2026, tras el arranque formal de la huelga educativa en su tercera jornada, paros convocados en los colegios e institutos de la región, el cuerpo docente ha declarado un escenario de conflicto permanente para forzar a la Consejería de Educación a revertir los recortes acumulados. Según desglosa el análisis publicado por EL PAÍS, el malestar de los más de 65.000 profesionales de la educación pública madrileña no responde únicamente a demandas salariales, sino a una sobrecarga estructural que combina el exceso de horas lectivas, la masificación de las aulas y la escasez de recursos para atender las necesidades específicas de apoyo educativo.
La batalla horaria: huelga educativa ante las 19 a 17 horas en Secundaria y de 25 a 22 en Infantil y Primaria
El núcleo de la tabla reivindicativa docente de esta huelga educativa se centra en la reducción inmediata del horario de docencia directa frente a los alumnos. Los sindicatos y asambleas del profesorado reclaman rebajar las horas de clase a la semana a 17 horas en Secundaria (frente a las 19 actuales) y a 22 horas en Infantil y Primaria (frente a las 25 lectivas vigentes).
Esta exigencia busca devolver a Madrid a los estándares previos a los recortes de 2011, alineando a la región con la mayoría de comunidades autónomas que ya han restituido las jornadas reducidas para garantizar tiempo material de preparación de clases, corrección de exámenes, tutorías personalizadas y coordinación pedagógica. Para el colectivo docente, la negativa de la Administración autonómica a recuperar este marco perpetúa una sobrecarga de trabajo semanal que deteriora de forma directa la calidad pedagógica y la salud laboral de las plantillas.
Reducción real de ratios y recursos para la atención a la diversidad
La segunda línea roja del conflicto radica en el número máximo de alumnos por clase. Aunque el gobierno regional defiende haber aplicado una reducción progresiva en etapas iniciales, las organizaciones convocantes denuncian el uso recurrente del 10 % adicional permitido por la ley para sobrecargar aulas. La huelga educativa exige fijar topes estrictos: un máximo de 20 alumnos en la ESO, 23 en Bachillerato, 13 en Educación Infantil y 15 en Primaria y Formación Profesional.
Junto a la disminución de estudiantes por grupo, las asambleas educativas demandan un incremento sustancial de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), personal técnico de integración social y profesionales de la orientación educativa. La atención al alumnado con necesidades especiales, la integración de estudiantes vulnerables y la gestión de la salud mental en los centros han colapsado ante la falta de dotaciones estables, derivando en una segregación indirecta entre la red pública y los centros concertados.
Retribución, carrera profesional y el coste personal de la huelga educativa
En el terreno retributivo, las organizaciones convocantes reclaman una subida salarial lineal de 600 euros al mes para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la carestía de vida en Madrid y equiparar las tablas salariales con las regiones con retribuciones más elevadas. La oferta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de negociar incentivos a través de complementos de carrera profesional docente —con incrementos de hasta 350 euros vinculados a evaluaciones— fue rechazada por los comités de la huelga educativa por considerarla insuficiente y divisoria.
Mantener el pulso indefinido acarrea un gravoso coste económico para las familias de los propios docentes: secundar cada jornada de paro implica deducciones en nómina que oscilan entre los 80 euros diarios en Infantil y Primaria y los 140 euros en Secundaria. Pese a esta penalización, la determinación mostrada en las asambleas refleja que el colectivo asume el sacrificio financiero como el único camino viable para forzar a la Puerta del Sol a blindar la escuela pública frente al deterioro administrativo.
«No estamos en huelga solo por una nómina justa: paramos porque dar clase a 30 alumnos con 20 horas lectivas a la semana hace imposible educar con dignidad y cuidar a quienes más lo necesitan».
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