La propuesta de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP planteaba condonar determinados actos relacionados con el procés desde 2013, mientras que la actual del PSOE se retrotrae a 2012.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha insistido en que España ha violado los derechos de los líderes independentistas al suspender sus funciones antes de ser condenados por el famoso "procés".