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La Audiencia Nacional ha dado un primer paso en el procedimiento judicial relacionado con la posible desaparición de la Fundación Nacional Francisco Franco al admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que la entidad presentó contras la resolución del Ministerio de Cultura que promueve su extinción.
La decisión de recurrir fue adoptada por la organización tras conocer la resolución firmada el pasado 14 de abril por el departamento que dirige Ernest Urtasun. La fecha coincidió con el aniversario de la proclamación de la Segunda República española, un hecho que la Fundación Franco ha destacado dentro de sus críticas a la actuación del Gobierno.
Según explicó este martes la entidad presidida por Juan Chicharro, el recurso cuestiona la legalidad del procedimiento impulsado por Cultura, al considerar que presenta numerosas irregularidades administrativas. Entre los argumentos esgrimidos figura la supuesta caducidad del expediente y la negativa a aceptar el testimonio de siete historiadores e investigadores propuestos por la propia Fundación Franco durante la tramitación del caso.
Además de estas cuestiones procedimentales, la organización sostiene que la resolución vulnera varios derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, especialmente aquellos relacionados con la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de investigación histórica.
La admisión se produjo el 1 de junio
Fuentes de la Fundación Franco confirmaron que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó este lunes, 1 de junio, admitir a trámite el recurso presentado. Esta decisión no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí abre la vía judicial para que los magistrados examinen la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración.
El conflicto se originó tras la resolución emitida por el Ministerio de Cultura, en la que se ordena al Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente de dicho departamento, elaborar un informe favorable a la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Asimismo, el texto insta a la Abogacía del Estado a iniciar las acciones judiciales necesarias para lograr la disolución de la entidad.
La Fundación Franco, que lleva más de cinco décadas desarrollando actividades relacionadas con la divulgación de la historia contemporánea de España, considera que esta actuación constituye un intento de acabar con una organización legalmente constituida mediante procedimientos administrativos.
Desde la entidad aseguran que la iniciativa del Ministerio se basa en una interpretación ideológica de la historia española que califican de parcial y excluyente. En su opinión, la actuación gubernamental resulta incompatible con los principios de pluralismo político e intelectual que deben regir en una democracia.
La organización sostiene que las discrepancias sobre la interpretación de los acontecimientos históricos no pueden resolverse mediante la desaparición de asociaciones o fundaciones legalmente registradas. Por ello, defiende que el debate historiográfico debe desarrollarse en un marco de libertad y sin restricciones derivadas de decisiones políticas.
En este contexto, la Fundación Franco insiste en que los derechos relacionados con la libre expresión de ideas, la investigación académica y la libertad ideológica constituyen elementos esenciales del Estado de derecho y deben ser garantizados por las instituciones públicas.
Defensa del pluralismo histórico desde la Fundación Franco
La entidad también ha manifestado que el Gobierno no está protegiendo adecuadamente estos derechos fundamentales, motivo por el cual ha optado por trasladar el conflicto al ámbito judicial. En sus declaraciones, muestra confianza en la independencia de los tribunales para resolver la controversia.
Asimismo, la Fundación Franco considera que en una democracia no debe existir una versión oficial de la historia impuesta desde los poderes públicos. A su juicio, corresponde a los ciudadanos y a los investigadores analizar, debatir y contrastar las distintas interpretaciones sobre el pasado de España sin limitaciones ideológicas.
La admisión a trámite del recurso es interpretada por la organización como una garantía de que las decisiones adoptadas por la Administración estarán sometidas al control de los jueces. Según defienden, este control resulta imprescindible para evitar que cualquier actuación pública quede al margen de la supervisión judicial y para proteger los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico.
La interpretación de la Guerra Civil y el franquismo
En sus valoraciones sobre el caso, la Fundación también ha hecho referencia al contexto histórico relacionado con la Guerra Civil española y los acontecimientos que la precedieron. Desde su perspectiva, el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 fue una reacción frente a un proceso revolucionario que, según sostienen, ponía en riesgo la continuidad de España como nación soberana.
Del mismo modo, la entidad reivindica una valoración positiva del periodo franquista, al que atribuye décadas de estabilidad política, crecimiento económico, paz interior y desarrollo social. Según esta interpretación, aquel proceso culminó con la normalización internacional de España y el reconocimiento diplomático por parte de numerosos países democráticos occidentales.
La Fundación argumenta que precisamente la existencia de visiones diferentes sobre estos episodios de la historia contemporánea española refuerza la necesidad de preservar las libertades de expresión, asociación, investigación y debate público recogidas en la Constitución.
Confianza en la resolución judicial
A la espera de que avance la tramitación del procedimiento, la organización ha reiterado su confianza en la Justicia española para resolver el conflicto planteado con el Ministerio de Cultura. También ha reafirmado su compromiso con la defensa de lo que considera principios fundamentales como el pluralismo ideológico, las libertades públicas y el respeto al Estado de derecho.
La Fundación Franco concluye que continuará desarrollando sus actividades y defendiendo su interpretación de la historia de España mientras se resuelve el proceso judicial, confiando en que los tribunales actúen con imparcialidad y conforme a la legalidad vigente.
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