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La lucha contra la violencia machista en España arroja cifras que invitan a una profunda reflexión estructural. A fecha de 31 de marzo de 2026, el sistema VioGén del Ministerio del Interior ha registrado un total de 102.112 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con protección policial. Esta cifra supone un incremento del 1,4 % respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando una tendencia al ascenso en la detección y seguimiento de las agresiones en el ámbito de la pareja o expareja.
Este sistema, pionero en Europa y en constante evolución desde su puesta en marcha en 2007, no solo cuantifica las denuncias, sino que asigna niveles de protección específicos tras evaluar el riesgo mediante 35 parámetros científicos. Sin embargo, la magnitud de la cifra actual evidencia que el maltrato sigue siendo una realidad persistente y transversal en la sociedad española.
Grupos vulnerables: menores y mayores, víctimas de violencia de género en aumento
El análisis pormenorizado de los datos revela que el maltrato no entiende de edades, aunque castiga con especial dureza a los colectivos más frágiles. Entre las mujeres protegidas, se encuentran 1.270 adolescentes menores de edad, lo que representa un aumento del 1 % interanual. En el otro extremo de la pirámide demográfica, las mujeres mayores de 65 años que viven bajo custodia policial ascienden a 2.489, un preocupante incremento del 4,4 %.
La maternidad también se confirma como un factor crítico de riesgo. De las más de cien mil mujeres víctimas de violencia de género monitorizadas, un total de 52.931 tienen menores a su cargo. La interdependencia entre la violencia contra la mujer y el peligro que corren sus hijos es una de las mayores preocupaciones de las autoridades, ya que el control sobre la descendencia se utiliza frecuentemente como herramienta de tortura psicológica y física.
Niveles de riesgo extremo y la amenaza de la violencia vicaria
La gravedad de la situación se mide en la inmediatez del peligro. Según Interior, 22 mujeres se encuentran en riesgo extremo, lo que significa que su vida corre peligro inminente. Otras 1.023 están en riesgo alto, mientras que 14.404 presentan un riesgo medio. La gran mayoría, 86.663, están calificadas bajo un riesgo bajo, lo que no implica ausencia de peligro, sino una vigilancia adaptada a su situación actual.
Paralelamente, la sombra de la violencia vicaria —aquella que el maltratador ejerce sobre los hijos para dañar a la madre— es más alargada que nunca. Actualmente, hay 1.558 niños y niñas en riesgo directo de ser agredidos por los maltratadores de sus progenitoras, un 10,4 % más que hace un año. De estos pequeños, 7 se encuentran en riesgo extremo y 131 en riesgo alto.
Desde 2019, año en que se empezó a evaluar formalmente la vulnerabilidad de los hijos de las víctimas de violencia de género, se han detectado 5.869 casos de menores expuestos a potencial violencia vicaria y más de 57.000 casos considerados de "especial relevancia" por la probabilidad de ataques graves o letales.
El perfil del agresor y la persistencia del maltrato
El sistema VioGén tiene identificados a más de 650.000 maltratadores desde su creación. Un dato alarmante es el de los "agresores persistentes": hombres que han sido denunciados por maltratar a dos o más mujeres diferentes. En diciembre de 2025, esta cifra se situaba en 81.291 individuos, un 20 % más que el año anterior. Este perfil subraya la necesidad de programas de intervención específicos para evitar que los agresores continúen victimizando a nuevas parejas.
A pesar del despliegue técnico y humano, los especialistas advierten de que estas cifras son solo la punta del iceberg. Se estima que en España solo se denuncian 2 de cada 10 casos reales. Por tanto, tras las 102.112 mujeres identificadas como víctimas de violencia de género, existe una cifra negra de maltrato invisible que no llega a los registros policiales.
El funcionamiento de una red de protección integral
VioGén no es solo una base de datos; es una herramienta de coordinación en la que participan la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y cerca de 700 policías locales. Aunque no incluye los datos de Cataluña y el País Vasco —que gestionan sus propias competencias—, la red permite que jueces, fiscales y servicios sociales trabajen sobre una evaluación del riesgo unificada.
Cuando una mujer denuncia, su declaración activa un formulario que mide la vulnerabilidad. Si se detecta un peligro potencial para los menores, la información se traslada de inmediato a la Fiscalía para solicitar evaluaciones forenses y medidas cautelares. El objetivo final es que ninguna de las mujeres víctimas de violencia de género o sus hijos se sientan desprotegidos ante una amenaza que, lejos de desaparecer, requiere de una vigilancia constante y una respuesta social unánime. El leve descenso registrado en febrero, cuando había 102.567 casos, frente al repunte de marzo, demuestra que la guardia no puede bajarse en ningún momento del año para proteger a las víctimas de violencia de género en nuestro país.
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