El informe forense del 8M desarma a Salvador Illa y Fernando Simón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no alertaron sobre el riesgo de contagio. Estas son las conclusiones que publica del segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51. Además, reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del "gran riesgo" que existía de contagiar el COVID-19. 

Así lo consta en el escrito que firmo Julio Lorenzo Rego. El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8-M habría frenado una "amplia difusión" del COVID-19, "de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio". "En cambio", añade el informe, "no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS -y, además, es lógico y natural- desde que se instauró la epidemia".

Entre los funcionarios interrogados por los agentes de Policía Judicial destaca el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno, que manifestó "a principios de febrero de 2020" empezaron a recibir información relacionada con el COVID-19 y que a mediados de ese mes "se produce una reunión en la que participan el secretario general, recursos humanos y más personas de la Delegación, fecha que ya era coincidente con el problema generado" por el coronavirus.

A partir de ese momento, añade el informe de la Guardia Civil, se mantienen varias reuniones a instancias de los sindicatos y del secretario general para abordar las iniciativas a adoptar, que "incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros".

El departamento de prevención de riesgos laborales elaboró protocolos que incluyeron esas prevenciones. El primero de ellos se terminó el 28 de febrero y se distribuyó de forma masiva al personal de la Delegación del Gobierno por correo electrónico el 2 de marzo.

De esta forma, la Delegación del Gobierno adoptó precauciones en su sede -entre ellas, que los empleados mantuvieran la distancia social- 10 días antes de permitir la celebración de la manifestación del 8M.

Según el responsable de prevención de riesgos laborales, la "concienciación social" del personal de la Delegación del Gobierno sobre el coronavirus existía "desde principios del mes de marzo".

El forense ve una 'hecatombe' predecible

En dos escritos presentados al juzgado, la Fiscalía pide el cierre del asunto por "inverosímil" y se alinea con la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, al criticar el modo de obrar de la juez Carmen Rodríguez-Medel, de quien dice que no tenía "habilitación legal" para instruir estando los plazos judiciales suspendidos por el estado de alarma.

El recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial se dirige contra el auto por el que la magistrada abrió la investigación el 23 de marzo y comenzó a practicar diligencias. Ni el principal imputado ni los testigos han prestado aún declaración. Asimismo, no hubo resolución alguna por parte del delegado del Gobierno de la que se pueda predicar legalidad o ilegalidad, como tampoco hubo una orden superior expresa que vulnerase a conciencia. Por otro, que no tiene competencias en materia de Sanidad, por lo que no es exigible que prohíba un evento por criterios sanitarios.

"Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil", concluye.

El Ministerio Público pide que se cierre la causa pero también que se declare su nulidad. En un segundo escrito, apoya a la Abogacía del Estado, que defiende a Franco y dice que la juez "carecía de habilitación legal" para iniciar la causa bajo el estado de alarma y que su proceder "vulneró la tutela judicial efectiva". De hecho, en un recurso adelantado en la noche del lunes por El País, la Abogacía acusa a la juez de emprender una "búsqueda voraz de indicios de delito".

Mientras tanto, el forense lconcluye que el Ministerio de Sanidad contaba ya el 25 de febrero con un "alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria" y es más: "Se sabía cuáles eran las medidas a adoptar para evitarlo".

"Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir", dice el informe, que incide en que para un epidemiólogo como Salvador Illa, "impredecible no es".

La Delegación del Gobierno ocultó la "peligrosidad" del virus en el 8M

Como decíamos, "en la Delegación del Gobierno se tenía conocimiento de la peligrosidad que entrañaba el COVID-19 para la salud de los madrileños y también se tenía conocimiento de cuál era la información que había que suministrar a la población para su autoprotección por medio de medidas de distanciamiento social. Las mismas medidas que se ofreció a los trabajadores del organismo. No me consta que esta información y este conocimiento se traspasaran ni a las personas que solicitaban autorización para manifestarse ni a quienes iban a velar por la buena marcha de la manifestación del 8 de marzo". Así de tajante se pronuncia el forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid en el informe donde analiza la repercusión que la marcha del Día de la Mujer tuvo en la propagación de coronavirus entre la población española.

Las 60 páginas entregadas a la juez Carmen Rodríguez-Medel, destacan que el 28 de febrero el organismo que dirige el investigado José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, emitió unas instrucciones muy claras para proteger a sus trabajadores pidiéndoles que llevaran a cabo "medidas no farmacológicas, higiene y distanciamiento social". "Esa atención tan delicada y adecuada para con sus trabajadores choca o es contradictoria con haber permitido encuentros masivos de personas", recalca el facultativo.

Por otro lado, el médico forense mantiene en su informe que, durante la gestión de la crisis sanitaria, "no se atendió suficientemente a las llamadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y cuando estalló la difusión comunitaria esporádica no se actuó con diligencia, teniendo la manifestación del 8M como telón de fondo que pudo influir en no cancelar eventos masivos, no solo ese sino el acto del Vox el mismo día".

El perito sostiene que, en su opinión, la autoridad sanitaria "debería haber impedido las manifestaciones masivas con el mismo celo con que, con muy buen criterio, prohibió el congreso evangélico", en referencia a la celebración del Congreso Unlimited 2020 en la Caja Mágica de Madrid, de la Iglesia Evangelista, para el que preveían la asistencia de 8.000 personas.

Casado acusó al Gobierno tras el segundo informe del 8M: “Lo sabían”

El líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del Partido Popular (PP), ha acusado al Gobierno tras sus supuestas responsabilidades en las concentraciones y celebraciones durante el 8M. Pablo Casado ha reaccionado en Twitter tras conocerse el veredicto del segundo informe del 8M: en un informe demoledor, el forense del 8M señala que “la hecatombe se veía venir”, que el Gobierno subestimó la gravedad del COVID-19, y que actuó tarde y mal. Afirma que justo después de las manifestaciones la situación ya era dramática.

En una intervención ante la Junta Directiva Nacional del partido, ha considerado que el Gobierno “intenta ocultar” hasta 16.000 fallecidos y ha situado la cifra real en más de 44.000 muertos por el coronavirus, frente a los 27.000 oficiales, y ha instado a fijar una fecha anual de conmemoración por las víctimas.

Santiago Abascal también criticó duramente la convocatoria del 8M

El presidente de Vox reaccionó de manera ostensible en el Congreso de los Diputados sobre el 8M: “Su viva el 8M es lo mismo que gritar viva la enfermedad y viva la muerte”. Santiago Abascal reaccionó de manera totalmente contraria a la movilización feminista no sólo hace 6 días cuando reprendió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, sino desde antes de que se movilizara a la población.

No obstante, la formación celebró durante ese día de manera particular el 8M. La formación verde lo celebró con un Congreso del partido en Vistalegre donde se concentraron en un espacio cerrado en torno a nueve mil personas entre las cuáles se encontraban Javier Ortega Smith y el presidente de VOX, Santiago Abascal, que días después fueron declarados positivos por COVID-19.

El Centro Europeo advirtió del peligro de celebrar las manifestaciones del 8M

El Centro Europeo advirtió sobre los riesgos del 8M el pasado día 2 de marzo, cuando el Gobierno tomó la decisión de intentar preservar a los sanitarios para que estuviesen disponibles cuando llegase la emergencia. Sin embargo, se dejó a la población indefensa al no prohibir las manifestaciones.

Respecto al riesgo en estos eventos, el informe insiste en que "el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí" pero "el contagio es grande, aunque sea al aire libre, por el mecanismo de transmisión" de esta patología.

En conclusión, tal como reza el informe, a finales de enero de 2020 había un adecuado conocimiento de la situación. "Deberían haberse suspendido las marchas convocadas y no haber autorizado las nuevas desde el 28 de febrero para dar a los ciudadanos la misma oportunidad de preservar su salud que a los trabajadores".