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El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) ha dado luz verde a una actualización clave en materia de salud pública: el nuevo documento de consenso sobre la prevención de la fragilidad y las caídas en mayores para 2026. Esta revisión, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca mejorar de forma significativa las estrategias de detección temprana, intervención y seguimiento en un grupo de población especialmente vulnerable.
La iniciativa responde a un desafío creciente en el sistema sanitario: el envejecimiento de la población y el aumento de condiciones asociadas a la pérdida de autonomía. En este contexto, el nuevo documento no solo actualiza la evidencia científica disponible, sino que también propone un modelo más integrado y coordinado de atención.
Fragilidad, una condición frecuente y costosa
Uno de los aspectos centrales del documento es la fragilidad, una condición clínica que afecta aproximadamente al 18 % de las personas mayores. Su prevalencia aumenta con la edad, alcanzando cifras de entre el 18 % y el 38 % en personas mayores de 85 años.
Además, diversos estudios oficiales señalan que esta situación es más habitual en mujeres, lo que introduce también una dimensión de género en su abordaje.
La fragilidad no solo tiene implicaciones en la calidad de vida, sino también en el gasto sanitario. Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, el coste medio anual por persona frágil y las caídas en mayores ronda los 2.500 euros, lo que supone aproximadamente el doble que en individuos sin esta condición. Este incremento se debe principalmente a una mayor utilización de recursos sanitarios, hospitalizaciones y servicios sociales.
Caídas en mayores, un problema de salud pública de gran magnitud
Las caídas en mayores representan otro de los grandes retos abordados en el documento. Se estima que alrededor del 30 % de las personas mayores de 65 años sufre al menos una caída al año. De estas, entre el 5 % y el 10 % derivan en fracturas, muchas de ellas de gravedad.
En España, las caídas en mayores constituyen la principal causa de muerte por causas externas, con más de 3.000 fallecimientos anuales. Este dato pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas preventivas eficaces.
El impacto no termina ahí. Cerca del 40 % de quienes sufren una fractura de cadera no logra recuperar su nivel funcional previo. Esto implica una mayor dependencia, necesidad de cuidados prolongados y un aumento en la demanda de servicios sanitarios y sociales, tanto en el ámbito público como familiar.
Un enfoque integral y coordinado
El nuevo documento introduce un cambio relevante en la forma de abordar estos problemas: la integración de la fragilidad y las caídas en mayores en un único modelo de actuación. Esta decisión se basa en la estrecha relación entre ambos factores, ya que la fragilidad incrementa el riesgo de caídas y estas, a su vez, aceleran el deterioro funcional.
Entre las principales novedades destaca el refuerzo de la detección precoz. Se propone una captación activa de personas a partir de los 70 años, principalmente desde Atención Primaria, pero también con la implicación de otros actores comunitarios como centros sociosanitarios, farmacias y servicios sociales.
Este enfoque multidisciplinar busca identificar de forma temprana a las personas en riesgo y actuar antes de que se produzcan complicaciones graves.
Estratificación del riesgo y atención personalizada
Otro avance significativo es la incorporación de un sistema de estratificación en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Esta clasificación permite adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada persona, optimizando los recursos disponibles y mejorando la eficacia de las actuaciones.
Por ejemplo, las personas con riesgo bajo pueden beneficiarse de recomendaciones generales de actividad física y nutrición, mientras que aquellas en niveles más altos requerirán intervenciones más intensivas, seguimiento continuo y, en algunos casos, atención especializada.
Además, el documento pone especial énfasis en la coordinación entre niveles asistenciales. La colaboración entre Atención Primaria, hospitales, servicios sociales y recursos comunitarios se considera esencial para garantizar una atención integral centrada en la persona.
Implementación en todo el territorio
La puesta en marcha de esta actualización se enmarca dentro del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Uno de los objetivos principales es que, para el año 2027, al menos el 50 % de las comunidades autónomas hayan incorporado este programa en sus sistemas de salud.
Este compromiso refleja la importancia estratégica que tiene la prevención de la fragilidad y las caídas en mayores en el contexto del envejecimiento poblacional. No se trata solo de prolongar la vida, sino de garantizar que esta se desarrolle con la mayor calidad, autonomía e independencia posibles.
En definitiva, el nuevo documento aprobado por el Cisns supone un paso adelante en la modernización del sistema sanitario español, apostando por la prevención, la coordinación y la atención personalizada como pilares fundamentales para afrontar uno de los mayores retos demográficos del siglo XXI.
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