La indiferencia sólo fortalece al opresor

El primero de mayo de 2017, Nicolás Maduro, invocando el artículo 347 de la Constitución Nacional, anunció públicamente su decisión de “convocar” una Asamblea Nacional Constituyente de carácter “originario”, “profundamente obrera y comunal”. Sin “partidos”, “para tomar el Estado y el Parlamento Nacional”, que catalogó como “podrido”.

La connotación más resaltante de esta constituyente es su condición “comunal”, con lo cual se destaca el propósito de darle rango constitucional al “Estado Comunal”, lo que implica una nueva institucionalidad política para construir su socialismo, desde la comuna, que debe complementarse con el nuevo modelo económico que tiene por base la “propiedad social de los medios de producción básicos y estratégicos”.

Se trata, por tanto, del mismo proyecto que el pueblo rechazó en la consulta del año 2007 y que en los años sucesivos se impuso fraudulentamente a través de la legislación ordinaria. La primera de estas leyes fue la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en el año 2009, seguida por la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento en el 2010. Después vinieron la Ley Orgánica de Contraloría Social; la Ley Orgánica del Poder Popular; la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; la Ley Orgánica de las Comunas; la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal; la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones y otras más. De igual forma reformaron la legislación ordinaria para adecuarla a las estructuras del Poder Popular introduciendo cambios en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y la Ley de los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales.

Estamos, por tanto, ante un complejo normativo

Busca eliminar en el ámbito político la fórmula clásica que sustenta el funcionamiento de la democracia: el sufragio universal, directo y secreto a través del principio “un hombre, un voto”; para establecer el “voto sectorial y territorial”; la creación de una nueva institucionalidad que sustituya a los estados y municipios y muchos cambios más orientados a establecer una “tiranía de la minoría”.

Frente a gobernadores, consejos legislativos estadales, alcaldes y concejos municipales se impondrán las “comunas”, “consejos comunales”, “ciudades comunales”, “federaciones comunales”, “distritos motores de desarrollo”, “confederaciones comunales” y “ejes estratégicos de desarrollo territorial”.

Con estos propósitos se convocó fraudulentamente y sin referendo previo una Asamblea Nacional Constituyente que desde entonces viene suscribiendo cuanto disparate se le ocurra a Maduro y a su grupo: El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la legítima Asamblea Nacional, la aprobación de presupuestos y leyes de endeudamiento público y muchos exabruptos más.

Sin embargo, durante estos años, la lucha del pueblo venezolano y la presión internacional han impedido que la Asamblea Nacional Constituyente avance en sus notorios propósitos. La lucha del pueblo y la presión internacional se retroalimentan. Sin el pueblo en la calle exigiendo libertad y democracia la presión internacional decae y sin la presión y solidaridad internacional, cunde el desánimo.

Es tiempo de valorar el resultado del increíble esfuerzo de un pueblo que está resistiendo esta cruel dictadura, que tortura y asesina, al tiempo que enfrenta los desafíos de su propia sobrevivencia, cada vez en condiciones de mayor precariedad. No subestimemos la importancia capital de saber que somos una absoluta y contundente mayoría los que queremos el cese de la usurpación. Cada movilización, cada manifestación y cada acto de resistencia cuentan. Lo que no tiene sentido es asumir la indiferencia como bandera, porque con ella sólo se fortalece el opresor.