Matar a un animal o producirle secuelas graves y permanentes de una forma intencionada, el sacrificio no autorizado o la eutanasia de animales con medios y personal no cualificados, tendrán multas de entre los 100.001 a los 600.000 euros.
Un total de 25.448 guardias civiles prestaron servicio a lo largo de todo el país para vigilar el cumplimento de las medidas aprobadas y garantizar los servicios esenciales.
