Lectura fácil
El Gobierno ha aprobado una nueva ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial en España. La norma busca garantizar un uso seguro, ético e inclusivo de esta tecnología, adaptando la legislación española al marco europeo. También establece sanciones, controles y nuevas obligaciones para proteger los derechos de la ciudadanía y evitar usos indebidos.
Una nueva ley para regular la Inteligencia Artificial
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial en España. El objetivo es garantizar un uso ético, seguro e inclusivo de esta tecnología. También busca ordenar su aplicación en la sociedad, las empresas y las instituciones públicas.
La norma adapta la legislación española al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Este acuerdo fue aprobado en la Unión Europea en diciembre de 2023 y ratificado por el Parlamento Europeo en marzo del año pasado. El Gobierno defiende un enfoque centrado en la protección de los derechos de las personas.
Responsabilidad y control humano
La nueva ley fija responsabilidades claras tanto para las empresas que desarrollan sistemas de Inteligencia Artificial como para quienes los utilizan. En caso de que una compañía emplee herramientas prohibidas en la Unión Europea, podrán tener consecuencias legales tanto los creadores de la tecnología como las empresas que la ponen en marcha.
De esta forma, se refuerza el control sobre toda la cadena de uso, desde el diseño hasta la aplicación final. El objetivo es evitar que el uso de estas tecnologías quede sin supervisión o sin responsables identificados.
Además, la norma establece la obligación de contar con supervisión humana en los sistemas automatizados. Las decisiones de mayor importancia no podrán ser tomadas únicamente por procesos automáticos. Siempre deberá existir intervención y control por parte de personas para garantizar un uso seguro y responsable.
Sanciones y contenidos prohibidos
Esta nueva ley sobre la Inteligencia Artificial y las imágenes incluye sanciones económicas que van desde 6.000 euros en casos leves hasta 35 millones o el 7 % de la facturación mundial en los casos más graves. Estas multas se aplican cuando se incumplen las normas o se usan sistemas prohibidos.
Entre las principales novedades destaca la prohibición de los deepfakes sexuales y la creación de pornografía infantil mediante tecnologías automatizadas.
Este tipo de contenido queda totalmente prohibido. Los deepfakes no sexuales podrán usarse, pero deberán estar claramente identificados.
Transparencia y supervisión pública
Los contenidos generados por sistemas digitales deberán estar etiquetados. Las imágenes, vídeos y audios deberán incluir señales visibles o advertencias que indiquen su origen artificial.
El control de la norma será responsabilidad de distintos organismos públicos. Entre ellos se encuentran la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Estas entidades tendrán la tarea de vigilar que se cumpla la ley en todo el territorio.
Su función será revisar el uso de estas tecnologías en empresas, administraciones y otros sectores. También podrán detectar posibles incumplimientos y actuar cuando se vulneren las normas establecidas.
El Gobierno sostiene que esta regulación refuerza la protección de los derechos de la ciudadanía. Además, afirma que sitúa a España como un país avanzado en el uso responsable de estas tecnologías digitales, con más control, transparencia y garantías para las personas.
Añadir nuevo comentario