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A mitad de semana, Irán y el Líbano se permitían soñar con la paz tras más de tres meses de conflicto de manera oficial –un trimestre y 24 días–. Parecía que la potencia de Oriente Medio y Estados Unidos alcanzaban finalmente un acuerdo para poner fin a las hostilidades. El anuncio, llegado el pasado 17 de junio, hablaba de un pacto de paz previo a 60 días de intensas negociaciones para lograr un acuerdo definitivo.
La alegría duró poco: dos días después se conoció el preocupante retraso de las conversaciones. Aunque fue firmado por los líderes de ambas naciones, el pasado viernes por la mañana se supo la cancelación definitiva de los diálogos que debían empezar ese mismo día para materializar la paz.
La encrucijada humanitaria en Irán y el Líbano
Mientras tanto en suelo persa y territorio libanés, siguen cayendo las bombas y la crisis humanitaria no para de crecer. El pacto firmado por Washington y Teherán no se centra en lo humanitario, sino en puntos económicos y de defensa, expone Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional España. Entre los 17 puntos que contiene, ninguno menciona los derechos humanos. "Ni las autoridades norteamericanas ni las de Teherán han tenido en cuenta a las más de 6.000 personas muertas en estos cuatro meses", lamenta. El experto aclara que no se puede garantizar un fin sostenible si solo preocupan los intereses estratégicos y militares de Estados Unidos e Irán. El proceso debería centrarse en la protección, la rendición de cuentas, la justicia y las reparaciones para las víctimas de crímenes según el derecho internacional.
Desde el 28 de febrero, 454.305 personas se han desplazado desde Irán a otros países y 126.900 han salido del Líbano como refugiados. Los desplazados internos superan los tres millones en el primer caso y el millón en el segundo. El portavoz de Amnistía Internacional recuerda que la población civil en Líbano, la potencia persa, Israel y el Golfo ha visto su día a día condicionado por bombardeos. En dicho país se ha restringido la libertad de expresión con bloqueos de internet, prohibición de reuniones y detenciones arbitrarias. En varios países del Golfo –Kuwait, Bahréin, EAU, Qatar, Arabia Saudí y Omán– se arrestó a más de 1.000 personas en una represión generalizada por compartir contenidos online o expresar opiniones sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de Irán contra Estados del Golfo.
Israel actúa por libre ante la tregua
Una gran preocupación en este escenario es la posición de Israel. El aliado estadounidense dejó claro desde el primer momento que no está de acuerdo con estas negociaciones bilaterales y seguirá bombardeando territorio libanés aunque las otras potencias firmen la paz. Esto es vital porque un requisito de Irán para el fin de la guerra es que cesen por completo las hostilidades contra este territorio. Desde marzo han muerto allí más de 3.783 personas y 11.699 resultaron heridas, señala Alice Frongia, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Líbano. Desde el 2 de marzo, 294 municipios (el 25 % del territorio) sufren órdenes de desplazamiento forzoso. Entre el 2 de marzo y el 15 de junio, 17 hospitales resultaron dañados y tres cerraron; 13 centros de salud sufrieron daños y 44 tuvieron que cerrar por completo, limitando de forma drástica la atención médica ordinaria.
El drama de los civiles atrapados
De las Heras recuerda que estas prohibiciones de regresar impuestas por Israel constituyen una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes deben retirarse inmediatamente y permitir que los desplazados retornen sin riesgos, ofreciendo reparaciones a las víctimas. Frongia denuncia un "desprecio por la vida civil" y también aclara que la situación sigue crítica desde el alto el fuego del 17 de abril. Los desplazados viven en refugios superpoblados con recursos escasos, durmiendo en coches o calles. Muchos permanecen en sus hogares por temor a perder lo poco que tienen o regresan a zonas inseguras al no poder costearse un alojamiento alternativo.
Impacto en la infancia y derecho a huir
Lorena Cobas, responsable de Emergencias de UNICEF España, muestra preocupación ante la continuidad de los ataques graves. Exige que el pacto sea efectivo y se respete el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la infancia. Advierte que un acuerdo no frena las necesidades infantiles: la reconstrucción exige restablecer servicios esenciales y apoyo psicosocial integral. Desde marzo, una media de 12 niños diarios han sido asesinados o mutilados. Urge rehabilitar la sanidad y educación dañadas para su protección integral. Por otro lado, Nuria Díaz, coordinadora de CEAR, explica que España no nota un repunte en solicitudes de asilo de la zona, pues los movimientos suelen ser intrarregionales.
Díaz subraya las restricciones para trasladarse a zonas seguras por la escasez de vías legales, dejando a la población atrapada. Para acceder a alternativas, los afectados requerirían trasladarse físicamente a embajadas o consulados, o bien optar a programas de reasentamiento. Las limitaciones actuales son absolutas, bloqueando por completo el acceso tanto a territorio seguro como a los mecanismos de asilo internacional definitivo.
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