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El Consejos de Ministros aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley que regula un nuevo procedimiento a la hora de evaluar la edad de naturaleza judicial de los jóvenes inmigrantes que llegan a España sin necesidad de verse obligados a desnudarse.
“Un salto hacia adelante para garantizar los derechos y la dignidad” de los jóvenes inmigrantes
Cada año miles de jóvenes inmigrantes llegan a España en busca de segundas oportunidades. Sin embargo, en la mayoría de las veces se ven obligados a cumplir con una serie de restricciones y procedimientos que atacan de forma directa a sus propios derechos humanos. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que regula de forma completa un nuevo procedimiento de evaluación de la edad de naturaleza judicial. Este proceso afecta sobre todo a los jóvenes inmigrantes que carecen de documentación, quienes se ven obligados a desnudarse para establecer una edad concreta.
Según ha informado la ministra de Justicia, Pilar Llop, el nuevo texto prohibirá, por ejemplo, “que se hagan desnudos integrales ni inspecciones ginecológicas” con el fin de determinar la edad de la persona.
Para la ministra se trata de un “salto hacia adelante para garantizar los derechos y la dignidad” de los jóvenes inmigrantes a los que se les realice el citado procedimiento y que, en los casos de los menores tiene una importancia determinante ya que, si son considerados menores de 18 años, el Estado tiene la obligación de ofrecerles protección especial.
Una vez que se apruebe el anteproyecto en el Congreso, todo el proceso, según ha explicado Llop, se realizará “escuchando a los menores” y en base a los “principios de dignidad del menor”. La norma, además, posee una mayor seguridad jurídica.
El procedimiento deberá ser resuelto en un máximo de 25 días
El nuevo procedimiento de evaluación se realizará de una manera “ponderada y holística”. Por tanto, y según ha asegurado la ministra, el menor siempre va a ser escuchado. Además, ha querido añadir que, durante el procedimiento, el menor siempre tendrá asistencia a una defensa jurídica totalmente gratuita. “En el plazo máximo de 25 días el procedimiento deberás ser resuelto por una sentencia que accederá al registro civil y tendrá efectos plenos”, ha afirmado.
La ministra Llop ha recordado que todas las críticas a la normativa vigente en cuanto a la protección de los jóvenes inmigrantes han llegado de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos y entre los sectores de la sociedad civil comprometidos con los derechos de los menores extranjeros no acompañados.
Algunas de estas entidades que defenderán los derechos de los jóvenes inmigrantes son: el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea de Derechos y el Defensor del Pueblo.
Por eso, ha querido justificar la necesidad de establecer un anteproyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, ya que los menores no deben ser víctimas de una situación política que acecha en el territorio donde se encuentra su propio hogar.
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