Europa pide que se sancione a España por vulnerar el Estado de derecho con una reforma del CGPJ

Los más de 2.500 jueces españoles creen que existe un “riesgo grave” de la violación del Estado de derecho. Las asociaciones de jueces han enviado un documento a la Unión Europea en el que, los profesionales del derecho han pedido amparo y medidas sancionadoras a España por las decisiones del Gobierno de coalición.

El Consejo General del Poder Judicial suma dos años en funciones: “Esa reforma deja al CGPJ sin funciones de designación de cargos judiciales” señala el escrito dirigido a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Los jueces proponen sancionar a España por violar los derechos humanos

Los jueces expusieron en esa misiva la situación de la judicatura española e iniciar el procedimiento de sanciones incluido en el artículo 7 del Tratado de la Unión. El artículo 7 del Tratado de la UE asegura que España podría ser sancionada por “violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo”.

Además, piden paralizar ambas reformas y opta por la dureza a la hora de hablar específicamente de la rebaja de mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ.

Los últimos cambios del PSOE y Unidas Podemos son “el inicio del totalitarismo”

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es rebajar a mayoría absoluta la mayoría de 3 / 5. Además, para renovar el Consejo General del Poder Judicial son necesarios los votos del Partido Popular. Ahora, el presidente Pedro Sánchez, ha anunciado la paralización para sentarse a negociar.

Esos intentos tampoco fructificaron y paso en falso del Gobierno levantó suspicacias en los magistrados. La Asociación Europea de Magistrados llegó a expresar su "gran preocupación" al considerar que dicha reforma era "un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial".

Las asociaciones de jueces firmantes han señalizado que “es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción”. Un portavoz de la cuarta asociación, Jueces y Juezas para la Democracia, critica que no se haya contado con ellos para confeccionar el documento.

Doce de veinte vocales del CGPJ recuerdan que el sistema es contrario a la Constitución

“El actual sistema de facto es contrario a la Constitución y a las exigencias de las instituciones europeas”, señala el comunicado, en el que se recuerda que el texto, aprobado en 1985, fue avalado por el Constitucional pero también que este tribunal previó los riesgos, “convertidos ahora en lamentables realidades”.