El Gobierno reforzará la Justicia con 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027

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Nuevas plazas de jueces

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El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027. La medida contempla 500 puestos judiciales y 200 fiscales, con una distribución territorial basada en la carga de trabajo, la población y el número de procedimientos.

El Gobierno prevé incorporar 700 nuevos jueces y fiscales en 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales durante 2027. La medida contempla la incorporación de 500 jueces, que permitirá aumentar un 7,8 % la planta judicial, y 200 fiscales, con los que la plantilla de este colectivo crecerá un 6,6 %.

Según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la iniciativa forma parte del plan del Ejecutivo para ampliar los recursos de la Justicia y mejorar la capacidad de respuesta de los órganos judiciales. El departamento dirigido por Félix Bolaños sostiene que la medida continúa la ampliación de efectivos iniciada en los últimos años.

La idea de reforzar los tribunales

De las 500 plazas previstas para jueces, 172 se destinarán a la jurisdicción civil. De ellas, 102 corresponderán a los Tribunales de Instancia y otras 70 a las Audiencias Provinciales. Además, se crearán 109 plazas para la jurisdicción social y 69 para los órganos penales.

El reparto de jueces también incluye 87 puestos para reforzar los tribunales de localidades y provincias con menores dimensiones. A estas incorporaciones se suman 42 plazas de adscripción territorial, cuyos titulares podrán desplazarse entre distintos órganos según las necesidades y el volumen de asuntos pendientes.

La propuesta reserva, asimismo, once plazas para las secciones especializadas en violencia sobre la mujer y otras seis para los órganos que atienden los casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. El Ministerio destaca que, durante la actual legislatura, el número de plazas especializadas en violencia contra las mujeres ha aumentado un 55,4 %, al pasar de 121 a 188.

Nuevos puestos de coordinación

Entre las novedades figura la creación de ocho plazas para presidencias liberadas de los Tribunales de Instancia. Estos cargos se encargan de coordinar el funcionamiento de los órganos, organizar su actividad y favorecer la aplicación de criterios comunes.

Hasta ahora, estas funciones se desarrollaban en grandes ciudades. Con la nueva planificación, también se incorporarán a Murcia, Almería, Córdoba, Granada, La Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Asimismo, se crearán cuatro plazas adicionales en la Audiencia Nacional.

En el reparto territorial de los nuevos jueces, Andalucía y Cataluña recibirán 94 plazas cada una. Madrid contará con 74 y la Comunidad Valenciana, con 53. La distribución pretende responder a las zonas con mayores necesidades de refuerzo.

Refuerzo de las plantillas fiscales

Las otras 200 plazas se destinarán al Ministerio Fiscal y se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales. Cataluña recibirá 47 puestos, lo que representa un aumento del 9,9 % de su plantilla, mientras que Andalucía sumará 31 y Madrid, 26.

Canarias será la comunidad donde más crecerá proporcionalmente el número de fiscales, con 13 nuevas incorporaciones, equivalentes a un incremento del 8,9 %.

Criterios para distribuir los recursos

El Gobierno ha señalado que el reparto se ha elaborado teniendo en cuenta factores como la población, la carga de trabajo y el número de procedimientos judiciales. La propuesta se trasladará al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para que puedan presentar observaciones.

Con este anuncio, el Ejecutivo cumple el compromiso que trasladó a las comunidades autónomas en julio. Las 700 plazas previstas para 2027 se añadirán a las otras 700 aprobadas para este año, con el objetivo de reforzar la atención judicial y mejorar los tiempos de respuesta ante el aumento de asuntos.

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