Lectura fácil
La violación múltiple perpetrada por cinco hombres contra una joven de 18 años el 7 de julio de 2016, durante los Sanfermines de Pamplona, supuso un definitivo punto de inflexión en España. Aquel suceso modificó la forma de nombrar, juzgar y combatir la violencia sexual. El grupo de agresores, autodenominado La Manada, desencadenó una movilización feminista sin precedentes.
A lo largo de los últimos diez años, este entramado judicial impulsó una profunda transformación legislativa, cuyo epicentro forzó la reestructuración del Código Penal mediante la exigencia social de justicia.
Los hechos de Sanfermines y la respuesta de una ciudad ejemplar
La madrugada de aquel 7 de julio, cinco jóvenes sevillanos de La Manada introdujeron a la víctima en el portal de un edificio de Pamplona. En un espacio minúsculo y sin escapatoria, la acorralaron, la violaron y grabaron la agresión con sus teléfonos móviles. La denuncia de la joven permitió localizar a los delincuentes pocas horas después: cuatro en la plaza de toros y el quinto en un vehículo. El juez decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Los implicados eran José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Alfonso Jesús Cabezuelo (militar), Ángel Boza y Jesús Escudero.
Pamplona reaccionó con una contundente tolerancia cero. El Ayuntamiento convocó concentraciones y se personó como acusación popular. La ciudad arrastraba la memoria de los Sanfermines de 2008, cuando la joven Nagore Laffage fue asesinada por José Diego Yllanes tras un intento de violación. El incansable trabajo de su madre, Asun Casasola, había sembrado años de concienciación y campañas de "no es no". Aquella herencia sirvió para articular una respuesta ejemplar frente a la nueva agresión, convirtiendo a la localidad en un referente de acompañamiento integral.
La batalla en los tribunales y el estallido social contra La Manada
El proceso judicial subsiguiente fue un camino tortuoso que encendió la mecha de la cuarta ola del feminismo en España. El juicio comenzó a puerta cerrada en noviembre de 2017. Durante las sesiones, la indignación social se agravó cuando el tribunal incorporó un informe de detectives sobre la vida posterior de la denunciante. Colectivos como Andrea y Lunes Lilas se concentraron ante el Palacio de Justicia para denunciar un sistema judicial machista que cuestionaba la conducta de la víctima.
El gran detonante se produjo el 26 de abril de 2018. La Audiencia de Navarra dictó una polémica sentencia que condenaba a los integrantes de La Manada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, descartando la agresión al considerar que no hubo violencia o intimidación. La resolución indignó al país y miles de personas protestaron bajo lemas como "No es abuso, es violación" y "Solo sí es sí". Las Mujeres Juristas criticaron el fallo, argumentando que obligaba a elegir entre confrontar o ceder como mal menor.
La polémica aumentó por el voto particular del magistrado Ricardo Javier González, partidario de la absolución, quien afirmó que en los vídeos grabados solo veía "jolgorio y regocijo". Tras la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el caso llegó al Tribunal Supremo. El 21 de junio de 2019, el alto tribunal corrigió el enfoque anterior: elevó las penas de los miembros de La Manada a quince años de cárcel al apreciar un auténtico escenario intimidatorio, calificando los hechos como un delito continuado de violación.
El cambio de paradigma: la ley del 'solo sí es sí' y sus giros
La sentencia del Supremo dio la razón a las reclamaciones feministas y sirvió de base para que el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, aprobara la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí". La norma, aprobada definitivamente en agosto de 2022, supuso un cambio de paradigma legislativo al eliminar la distinción entre abuso y agresión, situando el consentimiento en el centro.
La ley incluía una respuesta global: prevención, reparación y centros de crisis 24 horas. Sin embargo, un fallo en las nuevas horquillas redujo las penas mínimas. Al unificar los tipos penales, la reforma abrió la puerta a revisiones de condenas por el principio de retroactividad de la ley penal más beneficiosa. Esto desencadenó una grave crisis política en el Gobierno de coalición, obligando a pactar una reforma de urgencia en abril de 2023 para elevar los mínimos penales.
Las revisiones de las penas y el panorama penitenciario actual
A las revisiones de condena derivadas de la nueva ley se sumó, además, el impacto de una segunda causa penal independiente. Durante la investigación inicial, la Policía halló en los teléfonos de los detenidos de La Manada grabaciones de otra agresión sexual cometida meses antes en Pozoblanco (Córdoba) a una joven inconsciente, lo que terminó sumando años de cárcel adicionales para cuatro de ellos.
Diez años después de la agresión de Sanfermines, los cinco integrantes de La Manada siguen hoy cumpliendo condena en prisión, reflejando un panorama individual muy diferente:
- 1. Antonio Manuel Guerrero (El exguardia civil): Cumple una condena total de 23 años y 1 mes de prisión (la pena más alta del grupo). Su expediente no sufrió ninguna rebaja por la ley del "solo sí es sí". A los 15 años originales de Pamplona se le sumaron 3 años y 3 meses por los delitos contra la intimidad (grabar la agresión), el robo del móvil de la víctima y la posterior pena derivada de la causa de Pozoblanco.
- 2. Alfonso Jesús Cabezuelo (El exmilitar): Su condena total es de 21 años y 1 mes de prisión por los hechos de Pamplona y su implicación en Pozoblanco. Al igual que Guerrero, su pena por Sanfermines no se modificó. En junio de 2025 fue noticia al concedérsele su primer permiso penitenciario de cuatro días tras haber extinguido más de una cuarta parte de la condena total y contar con informes de buena conducta en la cárcel de Topas (Salamanca).
- 3. José Ángel Prenda ("El Prenda"): Cumple una condena total de 18 años y 6 meses de prisión. En febrero de 2025, la Audiencia de Navarra (ratificado por el TSJN en abril) le rebajó la pena de Pamplona de 15 a 14 años por la aplicación de la norma más favorable. Sin embargo, su estancia en prisión es elevada porque en Pozoblanco recibió una de las penas más altas (4 años y 6 meses) al demostrarse que fue el encargado de difundir los vídeos.
- 4. Jesús Escudero: Su condena total se sitúa en 16 años y 10 meses de prisión. Su situación es muy similar a la de Prenda; en 2025 los tribunales redujeron su castigo de Pamplona de 15 a 14 años aplicando la retroactividad de la ley. A este expediente se le añaden los 2 años y 10 meses de reclusión por los abusos cometidos en Córdoba.
- 5. Ángel Boza: Ostenta la condena más baja de todo el grupo, con un total de 14 años de reclusión. Fue el primero en beneficiarse de la grieta técnica de la ley, logrando que el TSJN le bajara la pena de 15 a 14 años en septiembre de 2023 (ratificado por el Supremo en junio de 2024). Es el único que no suma penas adicionales debido a que no estuvo implicado en la agresión de Pozoblanco ni fue condenado por grabar los vídeos de Pamplona.
Un decenio después, la huella de aquel portal sigue guiando la exigencia de una justicia con perspectiva de género en toda la sociedad.
Añadir nuevo comentario