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Lisboa, 16 dic (EFE).- Las huelgas de los trabajadores portugueses, disparadas en la recta final del año ante la situación "límite" que aseguran vivir, empiezan a acosar al Gobierno del socialista António Costa, que no consigue calmar los ánimos.
Solo en las dos semanas que faltan para acabar el año se han registrado mas de 40 avisos de huelga en once áreas de la administración pública y otras tantas del sector privado, con la misma queja: se necesita personal y aumentos salariales.
Bomberos, funcionarios de prisiones, empleados de supermercado, profesores, funcionarios de justicia y trabajadores ferroviarios afirman estar al "límite" tras ocho años de crisis y austeridad, y lo demuestran multiplicando los paros.
Hay al menos una huelga a la semana en Portugal, donde entre todas las protestas destaca la de los enfermeros, en huelga desde finales de noviembre.
Más de 5.000 cirugías han sido canceladas desde entonces y la situación empieza a ser tachada de crítica en Lisboa.
El problema ha agitado el debate político y el socialista António Costa, que acaba de comenzar su último año de legislatura, se vio acorralado esta semana en el pleno del Parlamento, el último del año.
"No es aceptable", acabó por admitir ante la batería de preguntas de la oposición conservadora, a la que aseguró que todas las intervenciones pueden reprogramarse en el primer trimestre de 2019 si hay acuerdo con los sindicatos, algo poco probable por el momento.
Los enfermeros han sido los más activos durante todo 2018, con avisos de huelgas que suman cinco meses, un tiempo que igualan los profesores, seguidos de los funcionarios judiciales -que han sumado dos meses-, según datos oficiales.
Todo junto da como resultado una movilización "que no es normal", ha admitido a la prensa João Torres, responsable de coordinar la acción reivindicativa de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), el mayor sindicato del país.
El sindicalista recalcó "la intensidad y prolongamiento" de muchos de los paros, como el protagonizado por los guardias de prisiones, que se negaron a hacer horas extras prácticamente durante todo el año.
La situación, no obstante, no fue de conocimiento público hasta la semana pasada, cuando reclusos de un penal de Lisboa, hartos de ver canceladas muchas visitas de familiares por la falta de personal durante los paros, organizaron un motín que obligó a llamar a fuerzas policiales especiales.
"Hay una expectativa que no está siendo correspondida", dijo a Efe el presidente de la patronal portuguesa, António Saraiva, quien achaca el incremento del malestar social a la decepción de ver que la recuperación económica no ha generado para los trabajadores las mejoras esperadas.
"Hay algún descontento por la expectativa que el Gobierno creó en relación a los datos económicos -que, de hecho, son favorables, porque hemos tenido una coyuntura externa que lo permitió-, que se pensaba iban a dar ganancias a algunas clases profesionales", sostuvo.
Saraiva destacó además el hecho que Portugal afronte el próximo año tres elecciones: europeas, regionales en el archipiélago de Madeira y legislativas en octubre, para las cuales la izquierda radical "quiere hacerse notar" promoviendo las movilizaciones.
"Estoy preocupado, desde luego", zanjó el presidente de la patronal, quien afirmó que se ha generado un "elevadísimo perjuicio" por estas protestas.
El Gobierno luso ha remarcado su respeto al derecho de huelga, una posición que empiezan a afearle desde la oposición, que le acusa de escudarse en esta postura para evitar negociar.
Pero el Ejecutivo esgrime que acaba de aprobar, con apoyo de la izquierda radical, unos Presupuestos para 2019 que incluyen un incremento del salario mínimo hasta los 600 euros y una batería de medidas para otorgar un alivio fiscal a las familias.
Son propuestas que no han impedido que este último mes los trabajadores vayan más a la huelga, de momento por separado. En sus tres años de Gobierno, Costa no ha afrontado un paro general.
Cynthia de Benito
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