Las claves sobre el alquiler y más medidas de la futura Ley de Vivienda

El pasado lunes 5 e octubre, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para consensuar la futura Ley de Vivienda, que incluirá incluye la intervención en el mercado del alquiler y el nuevo bono joven de 250 euros para ayuda a alquiler joven (18-35 años), entre varias medidas.

Una de las principales novedades del plan estatal de vivienda 2022-2025 es que los grandes propietarios, por ley, van a tener que bajar los precios del alquiler. El Gobierno estima que unos 150.000 pisos en régimen de arrendamiento podrían ver regulado su precio con la norma.

Por otro lado, tres de cada diez nuevos inmuebles que se construyan deberán ser destinados a viviendas protegidas. Asimismo, los pequeños propietarios tendrán algunas ventajas en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas si deciben bajar sus alquileres de forma voluntario.

Así, este jueves el Gobierno ha aprobado a través de un Consejo de Ministros extraordinario el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que contemplan un récord histórico de inversiones y gasto social, después de un pacto en el último momento al incluir cambios recientes en el Impuesto de Sociedades y consensuar la citada Ley de Vivienda, cuyo ordenamiento lleva siendo caldo de debate entre Unidas Podemos y PSOE desde el pasado mes de enero y cuyas claves, a falta de texto oficial, serán las siguientes:

La Ley de vivienda contempla intervernir en el mercado alquiler para grandes propietarios

El plan estatal de vivienda de 2022 supondrá que se bajen precios por ley "en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado", según recoge TVE . Esta medida de la futura ley de vivienda afectará a grandes propietarios, es decir, aquellas personas jurídicas que tienen más de diez viviendas, que tendrán que reducir el precio de alquiler que cobran a sus inquilinos. También se aplicará una "congelación de precios" a aquellos que tengan menos de diez viviendas en su patrimonio, según informa este medio.

Deducciones para aquellos propietarios que bajen el alquiler

Las personas físicas se podrán beneficiar de incentivos fiscales, que pueden llegar hasta el 90 %, por rebajar los precios de los alquileres. Según fuentes consultadas por LaInformacion.com, el 85 % de los propietarios en España son personas físicas que podrían beneficiarse.

Recargo de hasta el 150 % para viviendas vacías 

Por otro lado, la norma incluye un recargo de hasta el 150 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para casos de viviendas vacías, a lo que tendrán potestad de aplicar los ayuntamientos. La futura ley de vivienda también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30 % de todas las nuevas construcciones para vivienda protegida (de este 30 %, la mitad será para alquiler social). Según avanza elcorreo.com, Bilbao ya ha iniciado el proceso para interponer un canon a las viviendas vacías con el fin de impulsar su salida al mercado y contener así precios disparados en otros lugares.

Nuevo bono vivienda de 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años

El bono joven de vivienda de 250 euros mensuales estará vigente, por lo menos, durante los dos próximos años. Beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 35 años cuyas rentas anuales sean inferiores a 23.752 euros. Para el caso de familias vulnerables, el bono podrá completarse con más ayudas directas al al quiler de hasta el 40 % de su valor.

Las ayudas para rehabilitar edificios estarán exentas de la Renta

El Gobierno tiene previsto a través de la nueva Ley de vivienda fomentar la rehabilitación energética de edificios gracias a los fondos europeos. Destinará entre 5.000 y 15.000 euros a aquellos ciudadanos o comunidades de vecinos que necesiten llevar a cabo reformas. La cantidad exacta irá en función del porcentaje de ahorro de consumo que permita el proyecto.

Además, estas ayudas quedarán exentas de tributar por IRPF en la declaración de la Renta.

Un año y medio para su entrada en vigor

El Gobierno se da un plazo máximo de 18 meses desde la entrada en vigor de la futura ley de vivienda para trabajar con las CCAA y las administraciones implicadas los precios de los alquileres que servirán de referencia a los diferentes territorios para aplicar los límites e incentivos que se recojan en la norma, una vez que esta llegue al Consejo de Ministros.